En el año 2016 podrían darse importantes reformas económicas en varios países latinoamericanos. Entre otros, Argentina, Venezuela, Cuba y probablemente Costa Rica. Por mucho, las más grandes podrían ser las de Cuba y Venezuela, cuyos sistemas económicos andan más “patas p'arriba”. Para que los programas de ajuste sean viables –es decir, sustentables en el tiempo– es necesario que incorporen las enseñanzas que la historia ha dejado en la materia.
Un primer elemento por considerar es el que tiene que ver con las condiciones iniciales en que se han de dar las reformas. En Venezuela, por ejemplo, donde la dependencia del ingreso por exportaciones de petróleo es tan alta, el esquema de subsidios generalizados, que pudo operar cuando los precios eran altos, hoy es insostenible.
En Cuba el sistema de mercado no opera y para adaptar su esquema de incentivos a una nueva relación con el mundo, en particular con los Estados Unidos, tendrán que venir muchos cambios.
Las reformas que nos ocupan están llamadas a atender “desequilibrios macroeconómicos” y “distorsiones microeconómicas”. La magnitud de los primeros determina la urgencia de las medidas y las segundas cómo se distribuyen los costos y beneficios de ellas entre los miembros de la sociedad.
De las medidas de ajuste dirigidas a lo primero, los beneficiarios suelen ser todos los habitantes, mientras que con las segundas, unos grupos se favorecen a costa de la pérdida de privilegios de otros y, por tanto, son las que suelen tener oposición.
Medidas y ajustes. En los casos de notable desequilibrio económico, como las situaciones de alta inflación (Venezuela, Argentina hoy) o de alto desempleo (Grecia y España en el viejo mundo), el statu quo se torna insoportable y ello facilita la adopción de medidas correctivas.
Más aún, como los beneficios asociados con estas son tan altos, y su distribución prácticamente universal, los políticos sensatos pueden llevar a cabo ajustes violentos y de manera simultánea en todos los sectores que lo requieran (estrategia que se conoce como big bang ). Cuando el incumplimiento de un programa podría aparejar la reversión de las medidas, la solución big bang es la aconsejable, pues ella eleva el costo social de retroceder.
Si la distribución inicial de ingreso en la respectiva sociedad es muy desigual, como ocurre en muchos países latinoamericanos, los programas han de diseñarse de modo que garanticen un nivel mínimo de seguridad para todos, pues los grupos más pobres difícilmente pueden soportar disminuciones en sus ya bajos ingresos, aunque sean temporales.
Los programas de ajuste estructural que Costa Rica adoptó con el Banco Mundial tenían un elemento de “red de seguridad” de este tipo.
Por la misma razón, en los países con ingresos relativamente elevados, con distribución relativamente igualitaria y donde los desbalances económicos no son muy elevados, el statu quo es altamente valorado y es improbable que se acepten ajustes que no sean graduales. En uno y otro caso, las medidas que han de tomarse primero son aquellas que representen los mayores beneficios generales, pues el ver sus frutos servirá de apoyo para las que siguen.
Los programas también pueden ser clasificados según la puesta en práctica de las medidas que incorporan sea rápida, y rápidos los frutos de ellas, o si debe mediar un plazo largo para una u otra cosa.
Los primeros se denominan “programas de estabilización” (como los que típicamente se suscriben con el Fondo Monetario Internacional), mientras que los segundos son “programas de ajuste estructural” (con el Banco Mundial y el BID).
Por el elemento político que en esto media, conviene tener presente que los gobernantes típicos, que suelen valorar de manera diferente los beneficios y costos presentes respecto a estos, si se dan en el futuro, y que viven muy influenciados por cálculos políticos electorales, suelen favorecer medidas que tengan costos presentes relativamente bajos y den frutos rápidos.
Suelen rechazar los que tengan las características opuestas: costos que hoy consideran altos y que, aunque ofrezcan para el futuro grandes beneficios sociales, al descontarlos fuertemente quedan disminuidos.
Lo que se denomina “populismo” tiene mucho de este pecado. También, la distinción entre políticos y estadistas se puede ver aquí: los primeros piensan en las próximas elecciones, mientras que los segundos al actuar piensan en las futuras generaciones.
Conforme a lo indicado, es más probable que los programas de estabilización se adopten al inicio de una administración y que, conforme se acerque el final de ella, se relajen las medidas que, aunque necesarias a mediano y largo plazo, puedan aparejar costos a corto plazo.
Las medidas muy diluidas en el tiempo obligan a convivir con la porción no resuelta del problema (por ejemplo, inflación, desempleo) y producen “fatiga” entre los miembros de la sociedad. Por ello no deben ser adoptadas a ciegas. Cuando exista ese riesgo, la lógica indica que las medidas más fuertes han de tomarse al principio.
Para que los programas tengan éxito, las reformas deben ser creíbles. Países con historial de notables desvíos entre lo dicho y lo hecho tienen dificultad para poner en prácticas nuevas reformas. Tal es el caso de Argentina, Venezuela y –en algún grado– Costa Rica.
La credibilidad se pierde por falta de liderazgo político. También por la dispersión del poder, como en cierto sentido ocurre en Costa Rica y como podría pasar en España, donde el Poder Legislativo quedó tan fraccionado.
En casos extremos de indecisión, los ajustes económicos sobrevienen cuando el statu quo se torna insostenible, dictados por la lógica residual del entorno.
Por todo lo anterior, es muy posible que en el 2016 la prensa nos informe de violentas manifestaciones en Venezuela, Argentina y España, entre otros. En el caso de Costa Rica –con un gobierno sin una clara hoja de ruta y a medio periodo– es muy probable que no veamos mayores medidas macroeconómicas (por ejemplo, en racionalización de gasto público, construcción de infraestructura pública) implementadas. Ojalá me equivoque.
El autor es economista y escritor.