Desde el momento en que la actual Administración anunció su intención de impulsar un proyecto de reforma tributaria, manifesté mi criterio sobre la necesidad de que tal proyecto procurase resolver, de manera sostenible, el crónico déficit del Gobierno central. El proyecto de reforma fiscal recientemente remitido a la Asamblea Legislativa tiene, en gran medida, ese propósito desde la perspectiva de los ingresos. En buena hora.
Ciertamente, es hora de avanzar en el establecimiento de una carga tributaria más elevada, que permita al Gobierno central atender necesidades fundamentales de los costarricenses mediante la asignación de recursos sanos. Año tras año hemos venido acumulando una enorme deuda pública cuyo costo se constituye en una seria amenaza a la estabilidad económica y, por otra parte, la atención de esa deuda demanda recursos crecientes que se deberían invertir en programas para mejorar la calidad de los servicios públicos y para generar desarrollo y bienestar, especialmente para las clases sociales más deprimidas.
No es posible continuar actuando con tanta pasividad de frente a una de las principales causas del deterioro de la eficacia de las instituciones del Estado: la falta de recursos financieros. Cuando la clase política debería estar enfrascada en un debate para lograr disminuir el monto de la deuda pública, es totalmente reprochable que al contrario continúe de brazos cruzados, observando solamente cómo se tramita anualmente un presupuesto al gobierno con ingresos financiados en un 50% con más deuda, haciéndola cada vez más pesada y onerosa.
Oposición politiquera. Lo cierto es que los grupos que se oponen a una reforma tributaria lo hacen, en mayor grado, por razones eminentemente politiqueras, saben que los impuestos son odiosos y su discusión es electoralmente sensible. Por ello, no es de extrañar que grupos de izquierda que proponen un Estado vigoroso que distribuya el bienestar se unan en una lucha con los de la extrema derecha que, al contrario, lo que proponen es desmantelar las instituciones públicas.
En esa contradictoria tesitura, algunos políticos tradicionales ven en estas discusiones la posibilidad de mejorar su imagen, su razón suprema de estar en la política.
Por eso, ahora que se anuncia la posibilidad de que se logre romper la barrera que tratan de construir esos grupos opositores, mediante un acuerdo gestado entre el Poder Ejecutivo y diputados del PAC y de otros partidos, quienes creemos que esta decisión es la correcta, debemos manifestarnos para brindarles nuestro apoyo.
En lo personal siento esa necesidad de expresarlo para ser congruente con lo que he actuado y dicho en el pasado como funcionario público y como dirigente político. Posiblemente no estaremos de acuerdo con la totalidad del texto de la ley que se llegue a aprobar. En lo personal, difiero de algunos contenidos del proyecto de ley, pero eso no es algo que debe extrañar ni es causa para objetar su aprobación pues así sucede con la gran mayoría de las leyes que se aprueban en el Congreso.
En todo caso, espero que se logre aprobar un texto lo más progresivo, balanceado y justo posible dentro de la rigidez de la estructura tributaria actual y que lo más pronto se trámite la reforma para mejorar los instrumentos de que dispone la autoridad tributaria para contener la evasión que está en la corriente legislativa. Tampoco debe olvidar el Gobierno la imperiosa necesidad de racionalizar y eficientizar el gasto público y de impulsar una necesaria y urgente reforma del Estado mediante la creación de un nuevo marco legal de organización, distribución de atribuciones, fusión de órganos, eliminación de duplicidades y de órganos que ya no tienen razón alguna de existir.
Al fin y al cabo, la salud de la Hacienda Pública debe estar sustentada en tres pilares: justa, suficiente y progresiva carga tributaria, eficiente sistema de recaudación y parsimonia y eficiencia en el gasto; si falta uno de estos pilares, volveremos, más temprano que tarde, a la misma situación de la que ahora podríamos estar a punto de salir.