En su artículo “Instituciones, democracia y desarrollo”, Daniel Zovato ( La Nación , 27-10-13) señaló que el papel de las instituciones en la consolidación de la democracia y el crecimiento económico es indiscutible, al constituirse en pilares fundamentales de la credibilidad del Estado frente al ciudadano.
El tema adquiere una validez sustancial para nuestro país pues coincide con el conflicto entre el Banco Nacional (BN) y un grupo de profesionales notarios, así como por una denuncia ante el Ministerio Público en relación con un supuesto faltante de más de ocho mil millones de colones en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismos (INVU) que apareció publicada recientemente en la prensa.
El Estado costarricense tiene múltiples obstáculos para cumplir con sus cometidos, pero posiblemente el más visible sea la atomización del poder, derivado de un proceso de descentralización desordenado y desestructurado, donde cada entidad es una isla con reglas propias, carentes de un hilo conductor en el manejo político de las competencias asignadas, a pesar de que, por el artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública, el Poder Ejecutivo es el coordinador general de todo el aparato público, cosa que en la práctica se ha limitado a los nombramientos del Consejo de Gobierno.
En el caso del BN, sus representantes se han limitado a señalar que la condena afectará las finanzas del Banco y disminuirá la cartera crediticia, sin apuntar hacia la obligada exigencia de las responsabilidades internas contra los funcionarios que tomaron las decisiones, llevadas a control judicial. El fenómeno puede ampliarse con el caso de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que trasladó su actividad a un edificio rentado por una suma estrafalaria cuyo origen son los cánones que cancelan las empresas y entidades supervisadas, sin que hubiese demostrado que esa erogación redunde en una mayor eficiencia del servicio de regulación y control.
En la eventualidad de que la pérdida denunciada en el caso del INVU se compruebe, se estaría frente a un problema-país, pues son recursos provenientes del pago de créditos y dirigidos a paliar el problema habitacional de las clases más desposeídas. Todas esas acciones que parecen aisladas en el contexto de cada organización, constituyen un golpe al principio de confianza legítima del ciudadano hacia la autoridad pública que redunda en bajos niveles de participación y en una indisposición para el cumplimiento de los deberes tributarios.
Costa Rica es un país pequeño con escasa población, que hace innecesaria la súperabundancia institucional: esta ahoga la productividad y devora los recursos arrebatados al sector privado, para dirigirlos básicamente al pago de salarios de los funcionarios públicos, sin que por ello el ciudadano reciba servicios en buena cantidad y calidad. Resulta incomprensible que el Estado carezca de recursos y presente un déficit fiscal, mientras que sus instituciones tienen elevados superávits para satisfacer las veleidades de servidores que gastan en viajes hacia países desvinculados de la actividades institucionales, compra de vehículos de lujo y pago de incentivos, como si la creación de estas unidades administrativas tuviese por finalidad la complacencia de estos intereses particulares.
Para detener esa desmembración de objetivos estatales, se debe aprovechar la reforma sufrida por el artículo 188 de la Constitución Política, por la que se sometió las instituciones autónomas a la ley, para establecerle límites en materia de gobierno, eliminando las juntas directivas y dejando a las entidades en manos de un gerente general quien, además de demostrar su capacidad, estará imposibilitado a trasladar su responsabilidad a terceros. En materia financiera, obligar a las instituciones a trasladar los superávits al presupuesto nacional, una vez deducidos los montos necesarios para mantener su actividad. Las entidades descentralizadas carecen de fines en sí mismas y, aunque los tuvieran, son los mismos del Estado, ambos incorporados en el plan nacional de desarrollo.