Un 90 % del impuesto sobre las personas jurídicas está destinado al Ministerio de Seguridad Pública para inversión en infraestructura, compra y mantenimiento de equipo policial, combate a la delincuencia y la seguridad ciudadana en general.
Un 5 % es para el financiamiento del sistema penitenciario y un 5 % le corresponde al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para combatir el crimen organizado. Esta distribución fue la intención del legislador a fin de contribuir a la seguridad.
La ley fue aprobada en el 2017, después de la anulación, por vicios de procedimiento, de una idéntica que rigió hasta el 2016.
Desde su promulgación, Hacienda ha recaudado históricamente mucho más dinero del que finalmente transfiere a las tres instituciones destinatarias.
Entre el 2018 y el 2021, Hacienda presupuestó ¢17.766 millones al Ministerio de Seguridad durante los cuatro años, a pesar de que la recaudación superó por miles de millones ese monto anualmente.
Entre el 2022 y el 2024, el monto fue reducido a ¢17.065 millones, sin variación alguna, y no obstante que la estimación de ingresos fue muy superior.
Por ejemplo, en el 2022, la recaudación prevista del impuesto fue ¢26.766 millones, de los cuales se asignaron a Seguridad Pública ¢17.065 millones, aunque debieron presupuestar ¢22.644 millones, es decir, una diferencia de ¢5.578 millones.
Para dimensionar el problema, el monto dejado de transferir equivale a casi la totalidad del presupuesto que, a mediados del 2023, el gobierno requirió para la Operación Costa Rica Segura. Y conste, hasta este punto la referencia es “la estimación de ingresos”, esto es, la previsión de la Contraloría General de la República, pero si hablamos de la ejecución real del ingreso —lo que en realidad se logró recoger—, la cifra es superior.
Hacienda tiene una excusa válida, pero inaceptable dada la crisis de inseguridad que afronta el país. Su escudo es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que dispone una autorización para que si la deuda del Gobierno Central supera el 50 % del producto interno bruto nominal los destinos específicos sean redistribuidos. Hacerlo con los recursos de la seguridad es una decisión política.
Los recursos para atender la seguridad, por tanto, existen y aumentan todos los años, pero una gran parte de ellos son engullidos por el presupuesto para atender un gasto corriente que no tiene nada que ver con la seguridad, y limita los recursos para garantizar combatir el crimen y enfrentar la delincuencia.
Una asignación eficiente de los recursos disponibles es necesaria para fortalecer los cuerpos de seguridad. Por supuesto, esa asignación debe ir de la mano de resultados operativos y la rendición de cuentas.
giancarlocch@gmail.com
El autor es politólogo.