El procurador de la Ética hizo público el miércoles un informe sobre el viaje realizado en un avión privado a Perú. Rechazo categóricamente su contenido, porque desconoce los hechos, emite conclusiones sin fundamento y violenta el derecho de defensa que, como ciudadana, me asiste. En resumen, se trata de un documento subjetivo, sobre cuya buena fe tengo derecho a dudar. A continuación explico por qué:
Los hechos. Mi participación en dicho viaje se dio a solicitud de la señora presidenta, para acompañarla a una reunión con el presidente de ese país, a efectos de promover el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico. Este no era un hecho aislado, era parte de una estrategia articulada, organizada de manera consistente a lo largo de 18 meses, para que en la Cumbre de Presidentes de la Alianza, que se celebraría diez días después de esta visita, se aceptase al país como parte del grupo –lo cual, en efecto, se logró, gracias a las gestiones realizadas al más alto nivel político–.
El que haya asistido a un evento privado antes de la reunión presidencial no cambia la naturaleza de los hechos, ni resta importancia al encuentro o a su objetivo; tampoco se trató de una reunión organizada para justificar la asistencia a ese evento.
Presenté al señor procurador un escrito con los detalles de esta estrategia, ubicando la reunión entre ambos mandatarios en su debido contexto. Lamentablemente, en su reporte, el señor procurador ignora estos hechos y ni siquiera hace referencia a la presentación de este escrito, como si no existiera.
La falta que se me atribuye. En el informe no se me atribuye ningún hecho indebido. En su opinión, se me incluye en el reporte porque debí de haber evitado una actuación que pudiese ser malinterpretada. No queda claro qué significa esto: ¿debí haberme negado a asistir a la reunión, a pesar de que era muy importante para alcanzar el objetivo de ingresar a la Alianza del Pacífico, un objetivo clave de nuestra política comercial internacional, de la cual soy responsable? Negarme a asistir habría sido faltar a mi deber.
El proceso. La forma en que el señor procurador tramitó este caso deja mucho que desear. Primero, cuando solicité conocer el expediente para poder saber de qué hechos tenía que defenderme, respondió negativamente –cambiando con ello el criterio que había expresado horas antes a través de una llamada telefónica de su secretaria a mi despacho–. Segundo, el señor procurador también me negó la oportunidad efectiva de tener una audiencia, pues, a sabiendas de que estaría fuera del país, rechazó mi solicitud de extender un plazo –fijado por él, sin criterio alguno–. Tercero, en su reporte, el procurador no indica que, a pesar de lo anterior, presenté un escrito, explicando mi participación en esta visita; tampoco se refiere a mis afirmaciones. Y, cuarto, me enteré de su informe por los medios de comunicación. Sin haberlo comunicado a los interesados, el procurador salió a anunciar el contenido de su informe, sin precisar de qué se trata, dejando una nebulosa al respecto y dañando con ello mi buen nombre. Lo hace en violación de la ley que le ordena guardar la confidencialidad del informe, pues se trata de un reporte preliminar que rinde a las autoridades competentes para que estas definan cómo proceder.
Apego a la ética en la función pública. Como servidora pública que soy tengo muy claro el deber de regir mi actuación por los más altos principios legales y éticos. Así lo he hecho a lo largo de mi extensa trayectoria en la función pública y así lo hice también en este caso. No reclamo que se me investigue; así debe hacerse en todo caso en que se presente una denuncia. Reclamo el procedimiento seguido, así como que el informe ignora la verdad, perjudicando con ello mi reputación. Costa Rica es un Estado de derecho. Toda actuación de la Administración Pública debe sujetarse al ordenamiento jurídico, incluso cuando el denunciado sea un funcionario público, o quien lleva a cabo la investigación sea el procurador de la Ética.
Por desgracia, la forma en que el procurador ha manejado este caso se aleja de la propia ética que debería defender, de los principios básicos del debido proceso y de la elemental prudencia y buena fe con que debería conducirse.