El gobierno adoptó dos políticas correctas para ayudar a mitigar los efectos de la congestión vial: privilegiar el flujo del transporte público modalidad autobús (en la ciudad de Tibás) y limpiar las vías de vehículos mal estacionados. Dos esfuerzos que, dada la magnitud del problema que tienen propósito en corregir, pueden ser vistos como tímidos, pero realmente son importantes porque marcan un cambio, un derrotero.
Estamos agobiados y enojados por la congestión de tránsito en nuestras vías, particularmente en el área metropolitana. Es un problema generado y agravado gracias a la ceguera con que hemos actuado, pues aunque tiene causas identificadas claramente, se ha hecho muy poco o nada por tratar de corregirlas.
Hemos permitido un desarrollo urbano desenfrenado, desordenado. Nuestro sistema de transporte público colectivo es arcaico y los planes por modernizarlo han estado paralizados por muchos años.
En conjunto, desencadenan efectos agravantes sobre la movilidad: los habitantes se ven forzados a desplazarse irracionalmente para atender sus actividades particulares, pero, además, cada quien es inducido a resolverlo bajo sus propias condiciones y posibilidades económicas, generando un caos cada vez mayor. El Estado ha dejado la solución de la movilidad en manos de cada individuo.
Crecimiento. Como resultado, la carga vehicular en nuestras vías se está nutriendo constantemente. Por un lado, los transportes colectivos informales: microbuses y buses que sirven a industrias, centros de educación y empresas de servicios. Por otro, el negocio del transporte público en la modalidad individual (taxi) florece al punto de que debe haber más de 60.000 unidades prestando este servicio. Y, finalmente, todos aspiramos a tener nuestro propio vehículo para movilizarnos, de la calidad y características (automóvil, motocicleta o bicicleta) que nos permita nuestro poder adquisitivo.
La ceguera nos lleva a creer que este problema se resuelve aprobando leyes, pero no es cierto. Cerrar el CTP porque no puede cumplir con su responsabilidad de ordenar el transporte público de personas, en vez de corregir las causas de su ineficacia, es prolongar los problemas.
También es absurdo pretender que aprobando leyes se detenga la constante violación de las normas del tránsito, dejando desprovistos los medios para aplicarlas, cuando todos sabemos que la cantidad de inspectores es insuficiente y la Policía de Tránsito es una organización débil con escasos recursos para atender su misión. De manera que los problemas del flujo vehicular se agravan por el abuso de quienes creen que tienen el poder en su manubrio.
Descontrol. Precisamente, también por ausencia de control, hemos logrado que nuestras vías se conviertan en un gran parqueo, público y gratuito. Miles de usuarios de transporte particular abusan de zonas donde estacionar su vehículo está prohibido.
Estos miles de vehículos no solo obstaculizan las estrechas vías que se convierten en una pasarela en zigzag, sino que contribuyen al congestionamiento cada mañana y tarde, cuando entran o abandonan la ciudad. Si tuvieran que pagar por el parqueo, posiblemente viajarían en autobús.
A mi juicio, la aplicación de los cambios que impulsa el gobierno no solo alivia el problema en el plazo inmediato, sino que abren el camino a soluciones más integrales.
Es lógico que, cuando se producen cambios que modifican privilegios, de inmediato surgen las voces de protesta. Por supuesto que muchos usuarios de vehículos particulares más bien quieren que les quiten el estorbo de los autobuses y los propietarios de negocios que no quieren que les eliminen los parqueos ilegales en vías públicas van a expresarlo fuerte y claro.
Es de esperar que el gobierno mantenga su autoridad y le dé camino a su proyecto.
El autor es exministro de Transportes.