Un pequeño recordatorio que, seguro, suscitará risitas entre los “iluminados” de gran militancia partidista: las “autónomas” nacieron en la Constitución de 1949 bajo “directores que responden por su gestión” y con independencia de gobierno y administración. El constituyente adoptó –con la malicia, visión e inteligencia que época tan convulsa demandaba y con el indisputable propósito de que tales entes asumieran con eficacia y apoliticidad las complejas nuevas actividades previstas según el nuevo modelo-país– el modelo corporativo del INS, CCSS, PANI y los bancos recién nacionalizados.
No confiaron en el modelo ministerial por ser este limitado en recursos de todo tipo, con personal de escasa profesionalización –aunque esto cambió–, con rígidos sistemas administrativos comunes y, sobre todo, constreñido y endeble en términos de funcionalidad por ser sus jerarcas, precisamente y en el peor estilo latinoamericano, “de confianza” del presidente.
Hoy, el Gobierno quiere eliminar esas juntas de entes que crecieron portentosamente gracias en gran parte a ello, por encima de todo ministerio en tecnologías, recursos de todo tipo y capacidad transformadora, para dejarlos en manos de un único jerarca de confianza, por razones que es esencial confrontar sobre todo ante una situación inédita en el país en la que un mismo partido mayoritario podría repetir gobierno tres veces seguidas.
Vi nacer y evolucionar el régimen de presidencias ejecutivas en 1974, desde que comencé a trabajar en Ofiplan. A pesar de muchas buenas y capaces personas que han ocupado tal cargo, nunca se ha mejorado “la coordinación interinstitucional” que dizque lo motivó, y sí ha sido punta de lanza –con la plena coadyuvancia de gerentes “del partido” traídos de afuera– para entronizar un clientelismo político y una alta beligerancia partidista en muchos entes, que ha deformado la noción de carrera administrativa por mérito y el sentido de probidad en muchos de estos, lo cual frenó la evolución constructiva y real que estos mostraron... hasta 1974 (con contadas excepciones en gobiernos distintos que, de fijo, no configuran un “modelo” o patrón de logros continuos, pues son inspiración de personas capaces pero pasajeras).
Vi con ilusión, también, nacer el régimen de planificación nacional ese mismo mes de mayo, con una Ofiplan que ganó un respetado liderazgo tecnocrático en el contexto público, al menos, en ese y los siguientes dos gobiernos.
Más ilusión aún me provocó el ver nacer en mayo de 1978 la Ley General de la Administración Pública y su régimen de dirección que hacía innecesario el régimen de presidencias ejecutivas, pues el Gobierno podía con ella dirigir las actividades de estos entes de manera eficaz y sobre todo transparente, igual que a los órganos desconcentrados de ministerios (y así bajar costos e intromisión política “de la mala”).
Desilusión. Hoy veo con enorme desilusión que el país enfrenta un estado similar o peor de corrupción y parálisis institucional con respecto a la década de los cuarenta. Quienes plantean si conviene eliminar presidencias o gerencias por un asunto de “costos y duplicidades” no han analizado en serio esta realidad histórica.
Igual desconsuelo siento cuando se argumenta que la lentitud en decisiones, o los “excesivos controles”, justifica eliminar esas juntas, pues ello equivale al chiste del marido que decidió vender “el sillón” de la sala para que la esposa no le fuera más infiel. Quiero decir que lo que ha fallado aquí es la conducción ejercida históricamente desde el Poder Ejecutivo: abusiva, nada transparente y, sobre todo, aleatoria e improvisada, a contrapelo de claras reglas normadas que no requieren de lupa para ubicarlas. La medicina que ahora se busca acabaría matando al paciente, pues implicaría hacerlo retroceder, muy pero muy delicadito , a las condiciones insalubres de hace 65 años o más. Pero nada de esto lo reconoce el Proyecto 18732.
Estos entes ciertamente generaron, individualmente, desarrollo cuando siguieron el dictado de sus leyes y autonomía: gerentes nombrados como culminación de servicios leales y capaces, personal burocrático crecientemente profesionalizado y apolítico, juntas directivas con visión y compromiso con el ente, no con partidos. Pero, ciertamente, llegó a haber mucha desarticulación entre ellos y con el Gobierno.
Por eso, en 1968 se reformó el art. 188 de la CP que les eliminó, dejando sujeta a “la Ley” su autonomía de gobierno. En 1970, se dio la vergonzosa Ley 4-3, que repartió los puestos de tales juntas directivas entre el gobierno entrante y el Comité Ejecutivo del Partido Unificación Nacional. Fue un primer gran retroceso ético en la Segunda República, pero no generó la subordinación servil pretendida de esas juntas al Gobierno. Sin embargo, el abusivo reglamento de la Ley 5507, de octubre 1974, casi lo logró, pues pasó ilegalmente las funciones de los gerentes al presidente ejecutivo, lo cual provocó que, al año, casi todos los gerentes de carrera, o sea apolíticos , salieran en carrera por pensión o renuncia, reprobando tal invasión partidista en sus instituciones.
Sin mejor coordinación. Es un hecho científico que, en estos 39 años, no se ha logrado una mejor coordinación entre tales entes ni de estos con los ministerios respectivos. La persecución política que se quiso erradicar después de 1949 y las desviaciones éticas y legales que ello acarrea, volvieron a aparecer desde 1974, generando una creciente ineficacia y corrupción, incontrolables por medios ordinarios. Hoy día, los funcionarios de “confianza” en un gobierno se vuelven de “desconfianza” del siguiente. Y así podría seguir siendo hasta la eternidad, si no se pone coto al fenómeno con carácter de urgencia.
Dejar las autónomas en manos de un jerarca de confianza del Gobierno, sin miramientos de este escenario referido, llevaría al país a un punto de no retorno en la degradación de su institucionalidad democrática ( remember el PRI). El gran escollo, reitero, y por fortuna, es la Constitución misma.