Hace 24 años este país soñó con desarrollar una estrategia nacional para el desarrollo sostenible, ECODES. Para alcanzar ese balance entre desarrollo y conservación que tanto anhelamos, se debía conservar, con una visión de largo plazo, la diversidad biológica en nuestro país.
ECODES planteó la creación de un Instituto Nacional de Biodiversidad que fortaleciera la educación, el conocimiento y que reconociera el valor de nuestra biodiversidad, incluyendo tanto los elementos biológicos como el conocimiento humano que aporta la ciencia y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales, para que estos elementos sean de utilidad en el campo de las medicinas, los cosméticos y la seguridad alimentaria.
Finalmente, se tomó la decisión de que el Instituto Nacional de Biodiversidad no fuera una institución pública sino una asociación, creada por las leyes civiles y privadas de este país. Administrada por una junta directiva, impulsó negociaciones con los elementos de la biodiversidad, que son bienes de dominio público, con empresas privadas.
Se utilizó nuestra riqueza genética y bioquímica para probar si realmente este recurso brindaría los beneficios económicos que garantizarían su conservación y desarrollo en el futuro.
Durante la década de los 90, se dieron diversas negociaciones y contratos, todos protegidos por el velo de la confidencialidad; vinieron donaciones de la cooperación internacional, de los cuales no tenemos claro en qué forma se benefició y fortaleció el Estado costarricense.
Mientras esto sucedía, las comunidades locales, los pueblos indígenas y algunas organizaciones no gubernamentales impulsaron la Ley de Biodiversidad, esperando que con esto se garantizara el cumplimiento de los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica, principalmente en lo relativo a la distribución justa y equitativa del uso de los elementos de la biodiversidad.
Fue un proceso en donde se defendió nuestro patrimonio natural con valentía. Recordamos la defensa que hizo en aquel entonces la directora del Museo Nacional de las colecciones que son patrimonio de todos y todas las costarricenses, establecidas desde 1887 y que han permanecido hasta hoy.
Recientemente, se da la noticia de que el InBio y su parque pasan a manos del Estado. Entonces nos preguntamos: ¿Qué es lo que el InBio le está devolviendo al Estado? ¿Las colecciones que son de dominio público? ¿Las deudas? ¿Puede una asociación civil pasar sus deudas al Estado? ¿Y la experiencia, el conocimiento, la capacidad instalada, la tecnología?
En este tema de interés público por tratarse de bienes estratégicos para el país se debe dar una rendición de cuentas transparente. Se debe dar un proceso de información claro y abierto, que no tenga el velo de confidencialidad que se alegó en la negociación con las empresas privadas.
El patrimonio biológico y natural de este país no se vende, no se lleva a manos privadas y es importante aprender de esta dura experiencia. Los elementos de la biodiversidad, que no generaron grandes ganancias económicas, siguen y seguirán siendo de todos los costarricenses que aún creemos en un Estado que debe de fortalecerse para bienestar de todos los más necesitados.
Se comprueba la idea de que los recursos naturales no tienen precio sino valor, valor para la vida de las personas que viven intrínsecamente unidos a lo natural, para la seguridad alimentaria, para el resguardo de la identidad cultural, para la dignidad humana y el bienestar de todos y todas como costarricenses.
El InBio devuelve lo que nunca le perteneció... lástima que pasaron 24 años de recursos y beneficios que pudieron ser definitivamente una forma de fortalecer las ahora maltrechas áreas protegidas de nuestro país.
Las autoras participaron en el proceso de elaboración de la Ley de Biodiversidad.