Hace varias décadas, Costa Rica era líder en infraestructura en la región centroamericana. Gozábamos de puentes, carreteras y obra pública, y nacieron entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad y Acueductos y Alcantarillados. Teníamos un poderoso Ministerio de Obras Públicas y Transportes que, dicho sea de paso, recordemos fue la entidad que abrió las carreteras de este país.
Pero ¿cuáles eran los ingredientes que existían en aquella Costa Rica que no están presentes hoy?
Indudablemente, teníamos gobernantes realmente visionarios y ejecutivos, donde prevalecía la voluntad de acción, no la burocracia que en la actualidad abandera al país. El objetivo común era buscar el desarrollo de nuestro país.
Hoy, en cambio, todo proyecto se ve obstaculizado por la falta de voluntad política, la carencia de planificación y por las malas decisiones de los líderes de las entidades públicas, que además le generan al país desperdicio de recursos públicos.
Para nadie es un secreto que entidades como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y algunas oficinas del Estado, cuya función respeto, a veces se enfrascan en posiciones y recomendaciones que no permiten avanzar.
Gracias a todo lo anterior, los grandes proyectos que urgen en el país no se llevan a cabo y eso nos tiene muy mal ubicados en el Reporte Global de Competitividad 2015-2016 del Foro Económico Mundial.
Los dos principales factores problemáticos señalados en el reporte son la burocracia y la ausencia de infraestructura, que obviamente alejan la inversión extranjera.
¿Pero con estas barreras quién querrá ahora invertir en el país de los entrabamientos?
Rezago. Literalmente nos hemos quedado sin infraestructura y obra pública. Las calles están llenas de huecos, los puentes se están cayendo y los turistas que llegan al país se quejan constantemente de nuestras carreteras.
A esto le agregamos que en la actualidad no hemos construido edificios que nos enorgullezcan, como sí ocurrió en el pasado y que es a lo que hoy llamamos patrimonio cultural.
Se calcula que el rezago en la infraestructura vial es de al menos unos 40 años, y eso se refleja en el colapso y caos vial que se vive a diario en las principales carreteras.
“La platina” tiene ocho años de ser la protagonista de noticiarios, parodias y memes que la han convertido en el ícono nacional de la inoperancia. Se han invertido más de ¢9.400 millones desde que empezaron las fallas, y ahora construir un puente paralelo se estima en unos ¢7.650 millones.
Recordemos también que la ruta 32 al Caribe pasó por varios reveses antes del visto bueno. La carretera San José-San Ramón está sobre un escritorio esperando voluntad política, mientras los costos se disparan.
El Centro Nacional de Convenciones sufre cuestionamientos y la Torre de la Esperanza del Hospital de Niños la tiene paralizada la burocracia, tal como lo expresó en una nota la directora del hospital. Así como estas, hay varias obras detenidas por la ineficiencia.
Vergüenza. Tengo dudas acerca de cuánta gente ha entrado al actual edificio de la Asamblea Legislativa. Estoy seguro de que la mayoría no lo conoce por dentro. Quienes hemos estado ahí no deseamos estar en los zapatos de los mil funcionarios que todos los días pasan al menos ocho horas conviviendo con gatos, ratones, ratas, hendijas, comején, etc.
No entiendo cómo un proyecto tan necesario e importante, que lleva décadas gestándose, hoy está en veremos; a pesar de que todas las condiciones están dadas para que se construya y se convierta, así, en un sitio de interacción de la población con los legisladores y un verdadero ícono de nuestra democracia.
La falta de planificación no ha permitido al sector infraestructura crecer al ritmo que debería. La tramitomanía y el “mal llamado control gubernamental” solo son entrabes motivados por los intereses creados y el pulso de los egos de las fuerzas políticas que, lejos de impulsar el desarrollo y el crecimiento, generan paralización y retraso.
Tenemos que salir del estancamiento. La obra pública significa competitividad y Costa Rica no lo está haciendo. No podemos permitir que las cosas bonitas y prosperidades sigan pasando de lejos.
Debemos volver a tener aquel Ministerio de Obras Públicas y Transportes “poderoso y ejecutor” que teníamos hace 40 o 50 años. Eso sí, con un empoderado ministro experto en la cartera, que debería ser ratificado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y cuya duración debería ser de ocho años para que le permita ejecutar.
Los ciudadanos debemos exigirles a los políticos la ejecución de los grandes proyectos, porque hasta nuestras mismas empresas están instalándose en países vecinos que les ofrecen mejores condiciones. No permitamos que se juegue con nuestro país. Hagamos que las cosas sucedan.
El autor es empresario.