Se ha hecho tradición que un buen número de presidentes ejecutivos, embajadores y otros empleados de confianza cobren preaviso y cesantía al terminar sus funciones.
Al margen de todos los criterios legales que puedan esgrimirse, se trata de un abuso practicado por una clase política que ha utilizado el poder para progresivamente hacerse de privilegios y abusos –algunos legales– que atentan contra la ética en la función pública. Se trata de la misma cultura que ha otorgado pensiones millonarias a un grupo pequeño de políticos y expolíticos, y privilegios ofensivos a algunos grupos de empleados públicos.
El nombramiento de los presidentes ejecutivos y los embajadores que no son de carrera está limitado al período de gobierno del presidente de la República que los nombra.
De antemano, los nombrados saben que su empleo se extiende por un período máximo de 4 años, que puede terminar cuando el presidente, o el superior, lo desee, y que pueden ser despedidos sin explicaciones y sin ningún debido proceso. Su destitución, tanto como su nombramiento, depende del capricho, gusto o consideraciones del presidente de la República, no de requisitos, calificaciones o rutas especiales.
Debido a lo anterior, no existen las causales o justificantes para cobrar preaviso y cesantía, a la manera que corresponde a nombramientos competidos, para los que se exigen requisitos. Para los que desempeñan el puesto por todo un gobierno, saben de antemano la fecha exacta en que se extingue el nombramiento. En esas circunstancias, pagar cesantía y preaviso es un contrasentido que solo cabe en la cabeza de mentes corruptas.
Estoy seguro de que el señor presidente ha ordenado a las personas que ha nombrado en esos cargos, que jamás se les ocurra solicitar el pago de cesantía y preaviso al finalizar sus funciones, aunque la ley –construida por políticos interesados e interpretada por jueces obsequiosos con ese tipo de políticos– así se lo permita.
En el PAC nunca hemos aprovechado lo legal para beneficiarnos de los abusos practicados por la clase política que los ha creado. De ahí, los límites voluntarios que establecimos al fundar el partido en cuanto, por ejemplo, el cobro de la deuda política o el empleo de asesores o la utilización de vehículos en la Asamblea Legislativa.
Puede ser que alguien argumente que, como no todos los presidentes ejecutivos y embajadores pertenecen al PAC, entonces estarían exentos de cumplir con estas reglas. De aceptarse este hipócrita y oportunista razonamiento, se estaría olvidando la promesa de ética y austeridad que predicamos a lo a largo y ancho del país por 14 años.
El PAC debe cumplir esa promesa en todos sus extremos. A quien no le guste, o la considere un moralismo extremo, sea, o no, del PAC, pues que renuncie al puesto antes de que caliente la silla, para que don Luis Guillermo le reemplace con personas que sí están dispuestas a respetar la palabra empeñada ante los votantes.