Muchos opinan sobre cómo estructurar el sistema eléctrico de nuestro país. Esas posiciones se expresan de manera recurrente en foros y en los medios de comunicación. Lo que todos tienen en común es que cada uno describe la fórmula mágica para un servicio eléctrico de alta calidad, estable y a precios competitivos. Hasta ahí llegan las congruencias.
Encontramos posiciones ideológicas extremas, como mantener un modelo exitoso porque tiene más de medio siglo, hasta quienes proponen que sea el mercado el que rija el suministro. También hay quienes abogan por un sistema solo de energías renovables, aunque la electricidad sea más cara, y otros a los que no les importa el tema socio ambiental y sugieren plantas térmicas grandes sin considerar la fuente: petróleo, gas o carbón, con tal de que la energía sea barata. Y quienes plantean el uso eficiente de la energía para evitar construir nuevas plantas, o que estas sean solo solares o de viento.
Construir consensos. Dentro de esta multiplicidad de criterios hay que trazar el futuro energético del país, habida cuenta de que resulta indispensable disponer de legislación habilitante, y, por supuesto, que la mayoría de los costarricenses respalde la opción escogida, conforme a los términos básicos comunes de una nación democrática.
No es fácil. A lo largo de los últimos años numerosas propuestas se han formulado pero ninguna ha avanzado. Hemos procurado encontrar aquella fórmula que, sin ser perfecta, sea aceptable para la mayoría. Eso es lo que, sinceramente, he venido proponiendo.
¿Cuál es el punto de partida? Tenemos un sistema eléctrico de cobertura nacional con redes eficientes. Más del 90% de la generación eléctrica se hace con energía renovable de diferentes fuentes y la de origen térmico es apenas el respaldo del sistema, la que garantiza que haya calidad y continuidad de servicio, es decir, la que nos permite reducir el riesgo de racionamientos ante eventos imprevistos. Con ese modelo, el ICE genera el 78% de la electricidad y el sector privado, incluidas las cooperativas, el 22% restante.
A cualquiera le parecerá que esa realidad nacional no está mal. Sin embargo, hay críticas por los precios de la electricidad que debemos analizar y tomar en cuenta. Pareciera razonable, sin embargo, que la discusión ideológica y de grupos de interés ceda para lograr el objetivo de interés común: contar con electricidad más barata sin perder calidad, con seguridad de suministro y continuidad de servicio.
Hacer las cosas bien nos obliga, ciertamente, a revisar costos y procedimientos de producción, distribución y comercialización en toda la cadena de suministro. Hacerlo solo en materia de generación se asemeja a ver el árbol y olvidar el bosque. Además, debemos hacerlo con lo que tenemos hoy: las actuales empresas eléctricas públicas y privadas, al tiempo que le echamos un vistazo a los planes futuros de expansión del sistema eléctrico. Al menos en el ICE lo estamos haciendo permanentemente. Además, verificamos mediante benchmarking cómo estamos en relación con otras empresas, nacionales o extranjeras.
Pensemos en la expansión del sistema eléctrico, cómo se diseña apropiadamente. Son cuatro pasos: (i) estimamos cuánto va a crecer la demanda eléctrica en los próximos años, (ii) hacemos un inventario de los posibles proyectos a construir y sus costos (independiente que sean públicos o privados), (iii) buscamos cuál combinación de plantas eléctricas futuras junto con las existentes permite obtener el costo más bajo de la electricidad que se produzca en los próximos años, y (iv) escogemos el plan y cada empresa desarrolla lo suyo.
Esta metodología no discrimina entre participación privada o pública; de hecho vale tanto para modelos tradicionales como para mercados en competencia. Si queremos minimizar costos, es necesario ajustar las reglas según las cuales participa la generación privada, las empresas distribuidoras actuales y las del Grupo ICE. El norte siempre debe ser buscar la combinación de plantas eléctricas que brinden el menor costo global al consumidor.
A este respecto hay todo un debate sobre los costos de producción. Hay discusión, por ejemplo, acerca de si combinar plantas grandes y robustas como Pirrís, Reventazón o El Diquís, más caras unitariamente que una pequeña planta de 10 MW o 20 MW a filo de agua y en ríos pequeños, es correcto o no. O si las eólicas, que ahora son más baratas que las hidroeléctricas, deben sustituirlas, asunto ante el que es inevitable preguntarse qué pasa cada vez que el viento de repente deja de soplar, ¿con qué se da respaldo al sistema?, ¿con una planta térmica o con un embalse?
En conclusión: para lo que hay en juego es demasiado simplista limitarse a comparar costos de inversión y de operación entre plantas que son de diferentes tamaños y tecnologías. La clave, lo trascendente, lo responsable para el país, es tener la combinación óptima de todas ellas.
Para avanzar hacia el futuro en materia eléctrica debemos dialogar ordenadamente y encontrar el consenso de una suficiente mayoría. Creo que es el camino a transitar, y cuanto antes, mejor.