El cambio de la televisión analógica a la televisión digital (TD), el cual se materializará en Costa Rica el próximo 15 de diciembre, presenta al país con nuevas oportunidades de progreso. Gracias al avance tecnológico, la TD hará posible que dentro del espacio del espectro electromagnético que hoy necesita un canal de televisión puedan transmitir hasta cuatro canales.
Cuando se otorgaron las concesiones vigentes en la actualidad, el estado de la tecnología obligaba a poner seis megahertz a disposición de las empresas solicitantes para que pudiesen operar un canal de televisión. A partir de diciembre, esas empresas podrán mantener su canal en operación y disfrutar de la concesión sin necesidad de utilizar todos los seis megahertz.
El espectro electromagnético es patrimonio del Estado; aquí y en todo el mundo. Parece entonces evidente que la capacidad de programación liberada por el avance tecnológico –el denominado dividendo digital– es propiedad del Estado.
Se trata de un activo que a razón de ser subastado al mejor postor podría generar centenares, sino miles de millones de dólares al erario.
Alternativamente, podría optarse por materializar una mezcla de objetivos: subasta de solo algunos de los nuevos canales disponibles; mantener inactivos algunos otros, a la espera de desarrollos tecnológicos que incrementen su valor comercial; y otorgar otros a universidades públicas y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Intereses en pugna. Sin embargo, lo que parece lógico y compatible con los intereses del país, podría no resultar tan obvio para algunos intereses particulares, los cuales argumentan que tienen derechos adquiridos sobre el dividendo digital. Lamentablemente, parece que dentro del Gobierno existen funcionarios que defienden ese punto de vista.
De escogerse esta ruta, un concesionario de un canal podría –sin mediar licitación ni concurso alguno, ni haber incurrido en ningún costo en el desarrollo de la nueva tecnología– pasar a poseer cuatro canales; un concesionario con cuatro canales podría pasar automáticamente a ser concesionario hasta de diez y seis canales (¡todo, pagando la ridícula suma de ¢160.000 anuales al Estado por el espacio de los seis megahertz!).
La posibilidad de hacer negocios adicionales con el patrimonio del Estado –reitero, como resultado no de esfuerzos propios, sino de cambios tecnológicos exógenos– es aún más contradictoria con los intereses nacionales, si tomamos en cuenta que la mayoría de los canales tienen también frecuencias adicionales que operan como repetidoras (lo cual es necesario en la TV analógica).
Así, a manera de “ejemplo”, un canal 17 en San José, para llevar su señal a Guanacaste o Pérez Zeledón, hoy requiere del canal 18 y 28. Pero con la TD es posible cubrir todo el país con una sola frecuencia. Así, nuestro canal 17 podría de pronto usar 17, 18 y 28 en todo el país, hasta con 4 subcanales cada uno. Así las cosas, una empresa que hoy tenga un canal podría pasar a tener hasta 12 y una empresa con 4, hasta 48.
En lugar de esta ruinosa ruta, países más desarrollados como Alemania, Francia y el Reino Unido han optado por garantizarle a cada operador el derecho a emitir su canal como un subcanal en alta definición, pero el dividendo de subcanales nuevos y de canales no necesarios para cubrir todo el país ha pasado al dominio del Estado. Este determina, mediante concursos públicos abiertos –y no a dedo como ha ocurrido en Costa Rica– quién tiene derecho a hacer uso de esas nuevas señales.
Beneficio para la mayoría. El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia ha conducido a la reducción de la pobreza y las desigualdades. Pero no siempre ese resultado ha sido automático. La consolidación de la democracia ha sido la condición necesaria para que la política se haya visto obligada a atender, al menos parcialmente, los intereses de las mayorías, balanceando las tendencias concentradoras y excluyentes de algunos cambios tecnológicos. La legislación antimonopolio y las regulaciones dirigidas a proteger a los consumidores sirven de ejemplos en esta materia.
El dividendo digital es un caso típico, en el cual el avance tecnológico puede convertirse en herramienta para alcanzar niveles superiores de desarrollo humano, y mejorar las finanzas públicas o el acceso a comunicarse con el resto de la sociedad a ciertos sectores que han tenido dificultades para acceder a los medios tradicionales, o en herramienta para la concentración de la riqueza y el acceso a la posibilidad de informar.
El tema no debe seguir bajo las sombras. Por tratarse de un activo escaso y cardinal para las infocomunicaciones, base de los avances tecnológicos de más consecuencia para el desarrollo económico, social y cultural de la humanidad, el uso y disposición del espectro electromagnético es definitorio del destino nacional.
Tenemos la oportunidad de utilizar el avance tecnológico, el cual, en este caso, a un país como Costa Rica llega como “maná del cielo”, para dar pasos gigantes en la profundización de valores inherentes a la cultura nacional, tales como la libertad de expresión y la no censura directa o indirecta a nadie.
Aun si se optara por la subasta al mejor postor, el país ganaría, pues los recursos obtenidos podrían destinarse al fondeo de la política social o de los presupuestos para la construcción de infraestructura.
Espero que este tema sea uno de los que estén en el tapete en la campaña política que se avecina. La ruta que se escoja tendrá ramificaciones profundas en el desarrollo nacional y es bueno que la población conozca la posición de los aspirantes a los diversos cargos.
El autor es diputado del PAC.