Los principales problemas ambientales que el país enfrentaba en el pasado estaban relacionados con el llamado “sector verde”, como corta, aprovechamiento y transporte ilegal de madera, caza, pesca y tenencia no autorizada de vida silvestre, afectación de humedales y la invasión de áreas silvestres protegidas, entre otros.
A estas transgresiones se han adicionado, gradualmente, la afectación de bienes ambientales en otras áreas, llamadas “marrón o café”, como la contaminación del aire, el suelo y el agua, el mal manejo de residuos sólidos y el ruido excesivo, por citar algunos.
De manera más reciente, han quedado en evidencia los problemas de la denominada “agenda azul”, entre los que se encuentran la contaminación del mar y la pesca ilegal.
La nueva realidad queda demostrada al analizar los hechos denunciados y los conflictos ambientales, tal como han sido reportados en diversos informes del Estado de La Nación.
Así, por ejemplo, en recursos de amparo admitidos para conocimiento de la Sala en asuntos ambientales, en el 2014 figuraban, entre las instituciones recurridas de forma reiterada, las municipalidades, las áreas rectoras del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía (especialmente la Setena) y el AyA. En menor medida, el Ministerio de Agricultura, el Incopesca y otras entidades estatales.
Similitudes. Aunque lo alegado resulta sumamente variado, es posible identificar algunas tipologías predominantes: la contaminación del aire, el agua y, en particular, la sónica; así como el mal manejo de las aguas pluviales, residuales y negras (entre otros motivos por deficientes o inexistentes sistemas de alcantarillado); el inadecuado manejo de los residuos sólidos (incluidos, pero no limitados a la disposición final); daños al ambiente ocasionados por actividades diversas (movimientos de tierras, construcciones, etc.); las obras realizadas sin contar con permisos y viabilidades, o que, cuando los hay, se cuestionan.
Cabe destacar que han disminuido los amparos por cuestiones forestales y afectación de humedales (corta de árboles e invasión de zonas de protección).
En resumen, las denuncias se concentran en problemas de contaminación del aire (por polvo, ruidos o quemas), el manejo inadecuado de las aguas, el deficiente manejo de los residuos sólidos, la operación y las repercusiones de obras y proyectos (torres de telecomunicaciones, urbanizaciones, carreteras y caminos, etc.) y la ausencia de participación ciudadana (consultas públicas), entre otros.
Estamos en presencia de situaciones vinculadas con la problemática “marrón” y, en menor medida, pero sin desaparecer, con los llamados temas “verdes”.
Al revisar las estadísticas de otros órganos de control, como el Tribunal Ambiental Administrativo, las conclusiones resultan similares.
Durante el 2014, el Tribunal abrió 370 expedientes por denuncia o de oficio, y la mayor parte de ellos correspondió a invasiones de áreas de protección, tala de árboles, afectación del recurso hídrico, movimientos de tierra, mal manejo de residuos sólidos y de aguas residuales e impacto en los humedales.
Presiones y demandas. Otras infracciones reportadas son obras sin viabilidad ambiental, contaminación atmosférica y sónica, invasión de zonas marítimo-terrestres, extracción de materiales y afectaciones a la vida silvestre.
De esta manera, han surgido presiones y demandas adicionales de fiscalización ambiental, materia en la cual existen rezagos importantes que deben ser oportunamente atendidos. Por ejemplo, las instituciones usualmente cuentan con planes o estrategias de control ambiental (observancia y aplicación de la ley), pero el público los ignora porque no se difunden, y tampoco se encuentran accesibles en línea. Ni siquiera existe una apropiada rendición de cuentas.
Lo anterior limita las oportunidades de valorar sus resultados y mejorar la transparencia.
Otro asunto relevante es el cumplimiento real de lo dispuesto por los órganos del Estado, de manera que el denunciado no se vea obligado a interponer nuevamente su queja.
Contar con estrategias para dar seguimiento a lo ordenado, a fin de revertir situaciones en las que ha habido infracción a la normativa ambiental, podría incrementar el nivel de materialización de lo dispuesto por la Administración y aumentaría la satisfacción de los interesados con el funcionamiento de los mecanismos de fiscalización.
Finalmente, la información con que cuentan algunos entes estatales no siempre resulta adecuada para evaluar si sus actuaciones han producido resultados positivos.
Datos de cantidades de denuncias trasladadas a otros órganos o de asuntos fallados sin brindar más detalle, son insuficientes para conocer finalmente cuál ha sido el grado de efectividad de las decisiones tomadas; es decir, si la alteración o el daño a los bienes ambientales ha cesado o ha sido reparado.
Es preciso avanzar y mejorar la aplicación y observancia de la legislación ambiental, especialmente, ante el surgimiento de los nuevos retos y problemas, de manera que exista una tutela adecuada al derecho a un ambiente sano.
Jorge Cabrera Madaglia es abogado.