En el editorial de La Nación del pasado 21 de enero, respecto a las denuncias de la procuradora general de la República, se me alude con apreciaciones inexactas, lo cual me obliga a manifestar lo siguiente:
Una de las principales lecciones que nos deja la denuncia de La Nación , sobre los supuestos ofrecimientos del viceministro de la Presidencia a la procuradora –luego de que ambos declararan bajo juramento en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público–, es la obligación de ser justos y prudentes, lo cual trasciende cualquier forma de práctica política carente de principios, sea, o no, tradicional.
Una denuncia de esa envergadura, que involucra a dos entes públicos de la máxima importancia –y a dos personas que se han distinguido por su meritoria trayectoria–, obligaba desde un principio, cuando no se sabían a ciencia cierta las versiones de estos actores, a ser cautos y prudentes, a buscar la verdad de los hechos por razones éticas, jurídicas e institucionales.
En los días 16,17 y 18 de enero, como lo publicó La Nación , manifesté, porque era materialmente imposible, no disponer de todos los elementos para un buen juicio, y que no podía adelantar la posición de nuestra fracción parlamentaria –ya en esos días no nos reunimos–, así como expresé mi firme repudio a cualquier oferta que limitara a los altos funcionarios del Estado.
Expresé también que debía investigarse el caso para determinar la verdad real de los hechos, con la obligación de escuchar a la señora Brenes y al señor Soley, máxime que surgió un ambiente nacional abundante en reacciones contradictorias, precipitadas censuras y condenas, a lo que debe agregarse la impericia gubernamental en el manejo del caso.
En la reunión de nuestra fracción, el lunes 19 de enero, acordamos apoyar toda propuesta para investigar el caso Brenes-Soley. Una moción del legislador Leiva Badilla la firmamos todos los diputados socialcristianos, presentada y aprobada por unanimidad en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, para convocar a la procuradora, al exviceministro y al ministro de la Presidencia, lo cual no destacó La Nación .
Nuestro diputado Jorge Rodríguez optó –dada una interpretación de los alcances de la Comisión definidos en el reglamento de la Asamblea– por proponer una moción en el plenario para crear una comisión investigadora, con un plazo máximo de 15 días. No había ni componenda ni ardid retardatorio alguno, y varios diputados la apoyamos en correspondencia con nuestro acuerdo de fracción.
Puedo comprender que hubiera actores que esperaban que el jefe y la misma fracción del PUSC actuaran de forma precipitada, declarando censuras y condenas previas, las cuales afectarían el honor de personas y la paz de sus familias. Dichosamente, no lo hice. Los resultados de las comparecencias en la Comisión confirmaron que nuestra prudencia y buen juicio fueron acertados.
Desde el 1 de mayo señalé nuestro rol como fracción parlamentaria: ser una fuerza moderadora hacia el progreso solidario, haciendo una oposición política seria y propositiva –lo que implica una gran responsabilidad para no precipitar o agudizar crisis que conduzcan al país, tempranera e innecesariamente, hacia la ingobernabilidad–, conscientes de la necesidad de diálogo y negociación en una Asamblea Legislativa con nueve fracciones y con un gobierno que construye su primera experiencia en un escenario nacional e internacional complejo.
Desde esta perspectiva, mi lealtad es con el interés nacional bajo los principios del humanismo socialcristiano que sustento por convicción y tradición familiar, colocando al ser humano, íntegramente, en el centro de nuestras preocupaciones. En cuanto abogado, tengo como norte de mi vida la justicia y la obligación de encauzar las diferencias en el marco del debido proceso, al igual que cada día cobro mayor fe en la libertad, incluidos la libertad de prensa y el respeto de sus fuentes, esenciales para la convivencia política, el fortalecimiento de nuestro sistema institucional y el funcionamiento de nuestra democracia.