Nuestro sistema político descansa en el acuerdo de encargar el gobierno y dirección del país, por períodos de cuatro años, a un ciudadano electo con base en el examen de su capacidad en términos de honradez, responsabilidad, visión, liderazgo y trayectoria, entre otras virtudes. La balanza se inclina cuando una masa importante de costarricenses manifiesta su confianza en un candidato determinado.
Al ser elegido, el Presidente elige a su vez el equipo de trabajo que le acompañará en su gestión. De aquí en adelante el Presidente es la cabeza del Gobierno y el que marca la pauta por seguir. El Gabinete y todos los funcionarios públicos deben actuar bajo una sola directriz gubernamental, la que a su vez debe ser orientada por un único y coherente programa de acción. Eso no excluye la posibilidad de que a nivel nacional se realice, e incluso se incentive, el debate sano de ideas y el estudio de nuevas iniciativas que vengan a mejorar los programas en marcha. El diálogo debe ser amplio y transparente y el clima para ello debe ser de respeto y apertura a la participación de todos los sectores sociales. Pero la responsabilidad final debe ser del Presidente.
Elegimos un presidente para que con el apoyo de su equipo de gobierno tome decisiones, con la confianza de que, si se equivoca, tendrá la humildad suficiente para reconocerlo y corregir el rumbo. Esperamos fortaleza y entereza para luchar por Costa Rica, para ejecutar y orientar nuestro desarrollo.
La única salida a la grave crisis que hoy vive Costa Rica en las áreas fiscal, legislativa y social era buscar inteligentemente un pacto con la oposición, tal como hizo el presidente Figueres. Esto no significa que estemos ante una oligarquía política y económica, ni que retornarán los tiempos del caudillismo; es el reconocimiento de una realidad muy concreta: en una época de globalización y de cambio, la velocidad y apertura para incorporarse al siglo XXI son exigencias ineludibles. Nuestro Estado es obsoleto ante esa realidad.
La Asamblea Legislativa debe ser el primer poder de la República en cambiar. Es incuestionable que el balance de los poderes debe mantenerse, pero no hay que confundir autonomía y respeto con el entrabamiento en la aprobación de las leyes necesarias para corregir los graves problemas nacionales. La Asamblea Legislativa debe servir de contrapeso al Gobierno Central, pero no puede ser un obstáculo para la ejecución de reformas urgentes, sobre las cuales existe consenso entre el Presidente y los líderes de la oposición.
El pacto Figueres-Calderón es el resultado de una amplia participación de técnicos, ministros y dirigentes de ambos partidos, que trasciende las fronteras del actual gobierno y de cualquier interés político de corto plazo. Es un acuerdo para enfrentar los problemas desde sus raíces, con la madurez política de un Presidente que acepta buscar las coincidencias y establecer prioridades ante problemas impostergables. No significa de manera alguna una claudicación del Partido Unidad Social Cristiana a su papel como fuerza de oposición, como tampoco el hecho de que exista un liderazgo presidencial significa un debilitamiento del Poder Legislativo.
Se trata, más bien, de una nueva época del diálogo nacional con miras al bien común. No se trata de que el Ejecutivo emitirá directrices verticales, pero sí que fijará el marco básico de la discusión. Así debe ser y así será en el futuro.
El respeto a las ideas en la Asamblea Legislativa se mantendrá. Pero la mayoría debe tener posibilidades para legislar. No puede haber obstrucción ni paralización por una minoría.
En el marco del pacto Figueres-Calderón faltan muchos proyectos por aprobar. Actuemos con decisión y sin mirar atrás. El diálogo abierto y transparente es la clave del futuro.