Hubo una serie de informes en marzo, y que continuaron en abril y mayo, que deben llamar la atención por sus implicaciones.
Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos afirma que en Costa Rica se legitiman o “lavan” $4.200 millones de dólares. Según consigna La Nación en su edición del 22 de marzo pasado, el reporte indica que gran cantidad de ese dinero es canalizado por la industria de la construcción y por operaciones de juegos en línea.
A la fecha, el informe sigue en vigor sin que nadie lo haya puesto en duda o solicitado su enmienda, y los datos provienen de fuentes oficiales del país. Son afirmaciones sumamente serias, que ameritan un estudio profundo del Banco Central (BCCR) y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Al referirse a la industria de la construcción, difícilmente se refieren a la construcción de infraestructura o de obras públicas, con lo que la atención pareciera que debe dirigirse al desarrollo inmobiliario, y determinar si este hecho ha causado una burbuja en algunos sectores o regiones.
De igual forma, algunas medidas adicionales deben tomarse sobre los juegos en línea y otros sitios de apuestas.
Por otro lado, debe considerarse el efecto negativo que esta gran cantidad de dólares ha tenido en el mercado cambiario, deprimiendo artificialmente el tipo de cambio y afectando actividades lícitas de exportación, turismo y aun la producción para el consumo interno, pues se abaratan las importaciones.
Asimismo, hay que examinar la dinámica de las construcciones o desarrollos inmobiliarios en donde se llevaría a cabo ese lavado y el papel de las entidades financieras y del crédito de vivienda, como fuente de demanda, cuyo saldo a setiembre del 2015 (última fecha publicada) era el equivalente a $8.300 millones.
Conclusión ligera. Otro informe publicado en marzo fueron las conclusiones preliminares de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Hay varios aspectos importantes que destacar sobre ellas.
En primer término, y tomando en cuenta lo comentado en el párrafo anterior, llama la atención que el FMI afirme que “se estima que la posición externa está en equilibrio y que el tipo de cambio real no está ni sobrevaluado, ni subvaluado”.
Es una conclusión ligera que omite los efectos y distorsiones en el tipo de cambio de ese flujo de capitales ilegítimo, así como el efecto del aumento desmedido del endeudamiento externo público con propósitos meramente financieros y del sistema en general, destacado en otras partes del mismo informe, así como que el índice de tipo de cambio real, multilateral con ponderadores móviles, que publica el Banco Central, expresa una sobrevaluación del 30% en los últimos seis años.
En contraste, ese informe del FMI señala: “En primer lugar, la intensa dolarización de los préstamos otorgados por los bancos es una preocupación seria y creciente. A pesar de la posición cambiaria larga del sistema bancario, una depreciación significativa del colón podría afectar la calidad de los activos, dada la considerable cantidad de pasivos en divisas en manos de no generadores en el sector privado, y obstaculizar el crecimiento de manera significativa.
”En segundo lugar, el alto nivel de endeudamiento externo bancario en el que se ha incurrido con el propósito de financiar el rápido crecimiento de crédito en moneda extranjera para residentes eleva el riesgo de refinanciamiento.
”En tercer lugar, el acelerado apalancamiento de los hogares podría poner en peligro la calidad de los activos. Además, si los bancos siguen acumulando deuda pública, por más que hayan iniciado en un nivel bajo antes de la crisis mundial, podrían ver un debilitamiento de sus balances financieros”.
Descontrol. Existe un vacío en la legislación costarricense que permite que los bancos del Estado se endeuden en el exterior sin ningún control de la Asamblea Legislativa, del Banco Central ni del Ministerio de Hacienda.
Los bancos estatales, como es de esperar, consideran únicamente los aspectos financieros internos y cómo lucir mejor sus balances sin reparar en las implicaciones macroeconómicas y cuasi fiscales de sus decisiones.
Esa misma lógica fue la que tuvo consecuencias nefastas sobre el Banco Central en el pasado, que aún hoy arrastramos.
Hemos visto experiencias dramáticas en los sistemas financieros de otros países, desde Estados Unidos hasta Europa, con crisis agudas en Islandia y Grecia, en donde los contribuyentes y el país entero han tenido que asumir el costo de salvamento de sus sistemas financieros que aún pesan en la economía global.
Costa Rica ya de por sí tiene problemas fiscales muy graves, como para dejar que sus bancos más grandes, que son del Estado y que internacionalmente su deuda es considerada deuda soberana, asuman obligaciones externas sin control ni perspectiva nacional.
Pruebas de fricción. A esto se une la negativa de los bancos (que deberían ser los más interesados) y de la Sugef a publicar los resultados de las pruebas de fricción o stress tests según lo ha recordado la OCDE, que alertarían sobre la suficiencia de capital ante eventos extremos, como sobre los que advierte el FMI.
Más recientemente, según lo publicó este diario, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos llamó la atención sobre Bicsa, propiedad de los bancos del Estado y con una sucursal registrada en Estados Unidos, la cual obtuvo una baja calificación por su falta de controles.
Con el avance mundial en materia de trasparencia financiera, el país debe cuestionarse urgentemente este tipo de figuras y subsidiarias que dan un pésimo ejemplo, sobre todo a la luz del escándalo de los Panama Papers.
El Estado debe vender ese banco panameño y utilizar ese dinero para capitalizar a las entidades dueñas, las cuales, si lo necesitan, pueden abrir sus propias pero modestas sucursales en el exterior.
El sistema financiero estatal debe ser sometido a una revisión urgente por parte de la Asamblea Legislativa y del Banco Central, con la asistencia técnica del FMI, para asegurar y salvaguardar el buen funcionamiento del sistema financiero, elemento vital para la economía de todo país.
El autor es exvicepresidente del Banco Central.