La reyerta electoral en curso puso en el tapete, de nuevo, la relación entre los políticos y los dueños y los periodistas de los medios de comunicación privados. Una reunión entre Johnny Araya y los presidentes de las juntas directivas de Teletica y del Grupo Nación, así como del director de Telenoticias y el entonces editor general de La Nación fue el motivo del nuevo escándalo.
Con intenciones claramente partidistas, e incluso intrapartidistas, algunos diputados quisieron extender el control político legislativo hasta esa conversación privada.
El pretexto fue que esa reunión, celebrada hace tres años, tuvo lugar la noche anterior a que Araya abandonara sus esfuerzos por la carrera presidencial en segunda ronda.
Una minoría de diputados presentó, incluso, una moción para que se hiciera comparecer, con la ayuda de la Fuerza Pública si era necesario, a Johnny Araya, Antonio Álvarez –al parecer objeto actual del escándalo–, a los presidentes de Teletica y Grupo Nación y a los directores de los medios propiedad de esas empresas.
Además de ser una clara extralimitación del ejercicio del control político, de haber sido aprobada la moción, los diputados proponentes de la iniciativa así como los miembros de la comisión investigadora que se pretendía crear se habrían expuesto a hacer el ridículo más acabado.
Asunto privado. La razón es muy sencilla. Si yo fuera uno de los convocados y llegado el momento me hubiesen hecho comparecer y preguntado de qué se habló en esa reunión –aunque ello fuese políticamente incorrecto–, hubiese respondido como lo habría hecho Beto Cañas si estuviera vivo: “Hablamos de lo que nos dio la gana, en los términos en que cada quien quiso hacerlo, comimos rico y, después, nos fuimos cada cual para su casa y Dios a la de todos”.
Eso hubiese dicho, ni más ni menos. La Constitución Política me da ese derecho y nadie, por lo menos en un Estado democrático, tiene derecho a hurgar en lo que yo haga cuando me reúno, hablo y ceno con quien me dé la gana.
Más allá del morbo por meterse en las conversaciones privadas, algunos diputados cuestionaron la independencia político-partidista de los medios de comunicación privados. Ese es un tema recurrente en todas las campañas electorales, y yo he estado en muchas de ellas. Cuando la noticia que publica un medio le gusta al candidato o a las autoridades del partido o de la campaña, el medio es bueno y “está conmigo”. Cuando la noticia no me gusta, el medio es malo y es “mi enemigo porque está con el otro”. Eso es de todos los días en todas las campañas electorales.
Línea editorial. En lo personal, prefiero el modelo gringo, por transparente: cada medio, en su línea editorial, si a bien lo tiene, define cuál es el candidato de su predilección. Eso sí, en la línea informativa guarda todos los principios de la objetividad periodística.
Si en Costa Rica fuese así, por mí estaría muy bien. Al fin y al cabo la preferencia político-partidista de los dueños y periodistas de los medios de comunicación es un derecho político fundamental de todos los ciudadanos, incluidos –aunque algunos parecen ignorarlo– los empresarios de comunicación y los periodistas.
No obstante, la moción presentada para investigar las conversaciones privadas de cuatro o cinco gentes en este país no tenía el fin de abrir el debate sobre política y periodismo que, yo sé por qué lo digo, coexisten en tensión permanente.
El fin era otro: golpear a un adversario dentro y fuera de su propio partido aunque para ello pusieran en grave riesgo derechos individuales fundamentales y la inconstitucional extralimitación de un poder del Estado. Malo, muy malo el intento.
El autor es abogado.