Para cualquier persona socialmente comprometida, el tema del tugurio o, más propiamente, la situación de las familias obligadas a vivir tugurios, representa un tema sensible.
Un tugurio, en su definición más simple, es un habitáculo que provee a una familia del peor albergue posible, en tanto no ofrece ninguna protección y se constituye en una amenaza en sí mismo, dado que se construyó con materiales y tecnologías inapropiadas y al margen de la normativa constructiva vigente.
En su dimensión político-social, señala un evidente rezago o deuda social. Su existencia y reproducción evidencia contradicciones o limitaciones dentro del modelo de desarrollo que propicia la limitación de sus derechos ciudadanos a muchas familias. Esto se torna más serio porque es fácilmente constatable que quienes más padecen el tugurio son los sectores más vulnerables (niños, mujeres, ancianos, discapacitados).
Visto desde una perspectiva más urbana o de desarrollo territorial, el tugurio supone una exclusión del derecho a la ciudad. En general, puede ser definido como una disfuncionalidad, en el tanto impone la informalidad e irregularidad como elementos determinantes del desarrollo urbano o territorial.
El binomio pobreza-exclusión social, por otro lado, supone que la eliminación del tugurio no puede limitarse a la dotación de vivienda. Esta es una condición necesaria, pero claramente insuficiente.
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos ha venido haciendo esfuerzos localizar y caracterizar los asentamientos tuguriosos existentes en el país. Se acaba de concluir el cuarto estudio al respecto.
Cinco hechos. Los datos nos ponen frente a cinco hechos importantes: 1) En Costa Rica, poco menos de 50 mil hogares residen en tugurios, esto es, alrededor de 200.000 persona. 2) El tugurio está concentrado en el ámbito urbano y particularmente en la Gran Área Metropolitana, que aglutina a más del 70 % de los asentamientos tuguriosos. 3) No ha habido un incremento en el número de asentamientos tuguriosos, pero sí es evidente la densificación (el incremento de familias por unidad de área) de los existentes. 4) La mayoría de las familias residentes en tugurios están en pobreza o extrema pobreza, sin embargo, hay presencia de sectores bajos y medios bajos. 5) Las familias migrantes y de origen migrante, sobre todo de origen nicaragüense, representan un núcleo importante del total de familias en tugurio.
Los datos nos permiten constatar que en comparación con otros países de América Latina, el número global de familias en tugurio en Costa Rica es relativamente bajo, pues apenas representa al 3.7% del total de hogares. Esto supone que, al menos en la dotación de vivienda, la política social ha venido funcionando, tanto en la erradicación de precarios como en su prevención, al brindar soluciones residenciales a familias en condición de pobreza o extrema pobreza que, de otra manera, acabarían tugurizando algún territorio.
Sin embargo, estas cifras señalan, a la vez, los límites y éxitos de nuestra política social. Suponen la existencia de un núcleo duro de familias que por sus condiciones particulares no han podido accesar a los beneficios de la política social, así como a la existencia de mecanismos que propician la reproducción de estas condiciones. La rápida tugurización de áreas verdes o terrenos aledaños a los proyectos de erradicación de tugurios evidencia que la dotación de vivienda no resuelve los problemas que propician la reproducción de la pobreza.
Erradicación del tugurio. Desde el punto de vista de la política social, es mi criterio que Costa Rica puede proponerse la erradicación del tugurio como una meta políticamente posible, socialmente necesaria y económicamente viable para los próximos 15 años. Sin embargo, ello supone la construcción de una serie de consensos.
Es necesario un reenfoque y articulación de los instrumentos de política social pública del país. Dos aspectos resultan imprescindibles en el mediano plazo: en primer lugar, el desarrollo de un sistema nacional de identificación de demandas sociales. Es necesario conocer hacia quién y dónde se orienta la política social, para poner en evidencia a quiénes y dónde no está llegando.
En segundo lugar, es necesaria la introducción de nuevas estrategias, metodologías y formas de acceso a esta población, porque es evidente que las condiciones propician su exclusión, así como para la acción concertada y articulada de la institucionalidad social.
El acceso al suelo urbano es crecientemente limitado por el incremento constante de su costo. Esto supone un límite significativo a las posibilidades de vivienda para los sectores bajos y medios de la población, así como para la dotación de espacio público e infraestructura social.
Los actuales límites legales e instrumentales se constituyen en una barrera difícilmente superable para brindar opciones habitacionales no solo a las familias pobres sino a los sectores medios. A la vez, son un límite importante y peligroso para el crecimiento del sector construcción. Por otro lado, el país no puede continuar con marcos normativos e instrumentales gestados en otro contexto histórico y con mucho menos población que la actual.
La normativa e institucionalidad pública en materia de vivienda y desarrollo territorial requiere de una profunda revisión, con base en políticas de Estado. Ya es necesaria una revisión integral de la normativa, estrategia y gestión del sector vivienda y de asentamientos humanos.
Límite funcional. Por otro lado, es claro que los instrumentos y estrategias del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda en el plano urbano están llegando a un límite funcional. En ese aspecto, frente a condiciones extraordinarias como las emergencias y la misma atención de tugurios, estos medios ordinarios no siempre dan una respuesta eficiente. De momento, es urgente regularizar la situación del Ministerio, dotándolo de una ley constitutiva.
Los recursos se constituyen en una condición necesaria pero, también, es necesario su uso eficiente y transparente. Esto nos lleva al sempiterno tema de los trámites. Es incuestionable que son necesarios el control y la regulación. No obstante, también es ineludible que un exceso de trámites atenta contra los objetivos de gestión, sobre todo en materia social. Por ello, hay que dar continuidad y profundizar los esfuerzos que la presente administración ha venido realizando al respecto como, por ejemplo, la implementación de la plataforma digital para permisos de construcción (APC) del CFIA.
Finalmente, el sector privado, en sus diversas dimensiones (financiera, construcción, comercio, etc.) debe analizar y replantearse, con el objetivo de ofrecer una respuesta eficiente a nuevos retos.
Nos ha tocado tomar la capitanía de este barco en la última fase del trayecto. Sin embargo, el leve lapso que debemos recorrer no es excusa para no plantear y enfocar la tarea en los aspectos señalados. Mis energías están enfocadas hacia generar resultados de corto plazo, pero también a tratar de establecer un derrotero que nos lleve hacia las soluciones que requerimos.