Hace aproximadamente tres años, la Asociación de Desarrollo Integral de la Isla de Chira tomó la decisión de impulsar acciones que posibilitaran un cambio en la economía local. Sin embargo, todas las puertas que se tocaron en ese momento, se cerraron con igual rapidez, dado que, a criterio de la Municipalidad de Puntarenas, si no existía un Plan Regulador, no habría inversión alguna en infraestructura pública, ni permiso para la gestión privada.
Fue gracias al aporte solidario de Fundecooperación, que la Asociación de Desarrollo Integral de la Isla de Chira, impulsó un proceso para la elaboración del Plan Regulador. Este proceso abrió la ventana de la realidad a las comunidades chireñas, realidad legal heredada como mal congénito que se traía tiempo atrás, pero que nunca se había detectado.
Desposeídos. De esta manera, isleños e isleñas, se percataron que su patrimonio familiar en realidad era patrimonio del Estado Costarricense debido a la Ley de Zona Marítimo Terrestre N.° 6043 y su Reglamento, firmada por el presidente Daniel Oduber el 16 de diciembre de 1977. Se dieron cuenta que las ventas de terrenos y traspasos, que se habían realizado en los últimos años, con la venia de funcionarios municipales y políticos que vieron la oportunidad de negocio en estas tierras, eran ilegales, y que la situación real de chireños y chireñas, por recomendación de la Procuraduría General de la República, era que ya no poseían tierra alguna, por lo que su condición en la Isla de Chira era de “precario”. De esta manera, las familias nativas de la isla pasaron de propietarias a concesionarias y de concesionarias a precaristas.
Aunado a lo anteriormente expuesto, y como si la pesadilla continuara, una nueva noticia se suscitó durante los procesos de análisis y discusión del Plan Regulador, y fue que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en el año 70, decretó a las Islas del Golfo de Nicoya como territorios de aptitud turística, por lo que la Ley 6043 le dió la potestad a ese Instituto de otorgar las concesiones de las islas, debiendo dar preferencia a aquellas personas que cuenten con proyectos de interés turístico.
Esta noticia llenó de incredulidad y en algunos casos de frustración a los y las isleñas, dado que ante futuras concesiones, estarán en desventaja con aquellas propuestas de desarrollo turístico que realicen personas o empresas interesadas en obtener alguna concesión en la Isla de Chira.
La Asociación de Desarrollo Integral de la Isla de Chira con el apoyo de la Municipalidad de Puntarenas, ha liderado el ordenamiento territorial de la Isla. Sin embargo, es necesario que todas aquellas personas funcionarias públicas y entidades políticas, asuman la responsabilidad que les compete, e impulsen ideas y trabajo, para propiciar un desarrollo respetuoso del medio ambiente, en el cuál, no se considere únicamente los bosques y el mar, sino que se tome en consideración a los níños y niñas, las personas jóvenes, adultas o mayores, que habitan la Isla de Chira.
Lamentablemente, salvo la propuesta de desarrollo que ha impulsado la Asociación, no se evidencia en las instituciones como la Municipalidad de Puntarenas, ICT, Minae, MAG, , Incopesca, una planificación que oriente el devenir de los tiempos, sino pareciera, que lo más conveniente, es dejar que la población chireña ante la incertidumbre, la inseguridad jurídica patrimonial que les ha sido “impuesta” y al ya no poder subsistir en el lugar, por la escasez de las fuentes de riqueza ligadas a la pesca y a la falta de recursos para invertir en otras actividades, como el turismo, abandone todos sus sueños y emigre hacia otras latitudes (como ya lo hacen las generaciones más jóvenes), dejando el camino libre, para “aquellos proyectos de los desarrolladores trasnacionales”, que han marcado el paso a todo Guanacaste.
Nuevo programa. La visión de los líderes y lideresas de la comunidad, representados en la Asociación de Desarrollo Integral de la Isla de Chira y en los grupos organizados, es impulsar un programa, que permita retornar a la tierra para cuidarla, cultivarla y hacerla parte del quehacer diario de las diversas comunidades; es fortalecer el turismo rural comunitario, mediante micro y pequeñas empresas lideradas por gente local, que ha nacido y vivido en la isla, o que se ha integrado a la comunidad y tienen su “patrimonio” y sus sueños en la isla; es desarrollar acciones que generen oportunidades de desarrollo personal y comunal; es proteger los manglares para que se lleguen a convertir con el tiempo, en aulas didácticas para todas aquellas personas que aman la naturaleza; es industrializar de forma artesanal, los recursos provenientes del mar y poder llevarlos directamente a la mesa de las familias nacionales.
Son muchas, entre estas, las ideas que se han propiciado a través de los diversos talleres auspiciados por Fundecooperación. Sin embargo, todos los sueños y grandes intenciones chocan una vez más con la situación jurídica de las tierras de las islas, dado que los habitantes actuales están en condiciones de precariedad y no tienen las competencias necesarias para poder incursionar en el campo turístico; aspecto que por ley será considerado para las concesiones que a futuro otorgue el ICT.
Mientras que todos los esfuerzos de la Asociación de Desarrollo Integral se orientan día a día hacia ideas de desarrollo, el silencio de quienes tienen realmente el poder, hace pensar la lógica de quienes viven del mar “hay que jugar con el pez hasta que se canse, luego se saca del agua”. Ojalá este no sea el destino que les espera a las comunidades isleñas.