La decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricesense de Seguro Social (CCSS) de ampliar el derecho al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte a las parejas del mismo sexo es un paso en la dirección correcta.
El reconocimiento de la misma protección legal para las personas homosexuales y heterosexuales es un hito de los derechos civiles. Sin embargo, hay que estar atentos para evitar que se convierta en el canto del cisne.
No hay que perder de vista que esta conquista es tan solo un paso más, aún falta: reconocimiento de la unión de hecho y el matrimonio, prestaciones alimentarias, distribución de bienes y obligación alimentaria al finalizar la relación, indemnización patrimonial y extrapatrimonial, contratos de arrendamiento, créditos para vivienda, herencia, residencia de extranjeros, abstención en materia penal, adopción, procreación, acceso para las lesbianas a las técnicas de reproducción asistida, protección policial y judicial por violencia doméstica, beneficios y prestaciones profesionales y laborales.
En el 2003, cuando inicié la lucha por estos derechos, la CCSS se opuso aduciendo que eliminar la discriminación le generaría costos onerosos. Incluso, el 26 de mayo, durante la audiencia preliminar llevada a cabo en el Tribunal Contencioso Administrativo, en la demanda que le interpuse por no reconocer este derecho cuando en mayo del 2014 aprobó parcialmente la reforma que plantee para asegurar a las parejas del mismo sexo, defendió esta posición.
Por dicha, días después reflexionó y, sin abandonar del todo ese argumento, ha comprendido que tal segregación resulta ética, moral y legalmente insostenible frente a los aportes obligatorios de gais y lesbianas.
Deuda. Con esta reforma, las personas beneficiadas no solamente ganan calidad de vida, sino respetabilidad hacia sí mismos y hacia los demás. Y nuestro país hace un pequeño abono a la enorme deuda que tiene en esta materia.
Aunque la Sala Constitucional poco a poco ha ido cortando los grilletes de la discriminación, se resiste a romper totalmente sus cadenas. Ante este panorama, alentado por el esfuerzo de activistas, el Poder Ejecutivo, algunas municipalidades e instituciones estatales se han unido a esta lucha para derribar estereotipos y estigmas sociales, morales y religiosos. Esta decisión de la CCSS se inscribe en esta dinámica.
Si bien esta respuesta al silencio de los magistrados constitucionalistas (que mantiene en la incertidumbre a las parejas gais) es positiva, sigue siendo insuficiente frente a una legislación discriminante que relega a homosexuales y lesbianas a ciudadanos de segunda categoría, y ante la arremetida de extremistas religiosos, algunos de ellos con poder político cuyo odio hacia esta población los lleva a justificar la matanza ocurrida en una discoteca gay en Florida, Estados Unidos.
Esto demuestra que estamos muy lejos de que la violencia desaparezca, y que no hay espacio para descansar.
Las mujeres nos han enseñado que la lucha contra la discriminación es perenne y que siempre habrá personas al acecho para arrebatarnos lo que es nuestro.
Por eso, resulta prematuro creer que se ha llegado a la meta, cuando hay tanto por hacer. Olvidar esto, es traicionar nuestra historia.
El autor es abogado.