En los últimos cinco años, la tercera parte de los muertos en accidentes de tránsito viajaban en moto. Los motociclistas aportan la mitad de las fatalidades debidas a vuelco y colisión. En muchos casos, la imprudencia seguramente podrá ser achacada a los conductores de otros tipos de vehículos, pero el tránsito por nuestras calles demuestra, a simple vista, los riesgos aceptados por los motociclistas, empeñados en sacar ventaja a su movilidad en medio del tránsito pesado.
Las estadísticas publicadas el domingo por La Nación demuestran la razón del Instituto Nacional de Seguros en la larga polémica sobre las primas cobradas a los motociclistas. El riesgo es mucho mayor, no hay duda. Pero, desde el punto de vista estrictamente humano, las cifras plantean la necesidad urgente de poner orden en las calles, donde es frecuente la formación de un tercer carril, inexistente para quienes no conducen una moto.
La disposición al riesgo va aparejada a la juventud de los conductores. Casi la mitad de los fallecidos en accidentes con motocicletas tenía entre 20 y 29 años. Los números son asombrosos cuando se toma en cuenta que, por cada 3,3 vehículos de otros tipos, hay apenas una motocicleta en las vías nacionales, según datos del año pasado.
Cuando se habla de las motos y sus riesgos, es un lugar común decir que el conductor es la carrocería, pero un estudio estadounidense, citado por este diario el domingo, atribuye el 75% de los accidentes con moto a errores del conductor. En ausencia de similares estudios en Costa Rica, solo queda la posibilidad de formular una hipótesis a partir de la frecuente observación de motociclistas sin casco, falsos adelantamientos, creación de carriles inexistentes, excesos de velocidad y giros imprudentes.
Las autoridades reconocen el problema y hay iniciativas bajo estudio, como la publicación de un manual especializado para motociclistas, a cargo de la Dirección de Educación Vial. Los problemas de infraestructura defectuosa o ausente, por otro lado, exigen recursos cuya obtención no será inmediata.
Si el país no puede fijar esperanzas en la rápida mejoría de la infraestructura y la experiencia demuestra la lentitud de los cambios educativos y culturales, queda el recurso de mejorar la vigilancia e imponer las multas fijadas por ley. Tantos años de debate para fortalecer la ley de tránsito no deben haber pasado en vano. Esa normativa, con todos sus rigores, poco contribuirá a modificar las conductas, si nadie la hace cumplir.
Sin embargo, la violación de las normas aprobadas con tanta demora y esfuerzo es pública y notoria, no solo en las prácticas de conducción, sino en los vehículos mismos –motos y autos– que circulan sin silenciador, sin luces y con los tubos de escape emanando exceso de humo.
La Policía del Tránsito se queja, con razón, de la fata de recurso humano para mantener el control de las carreteras, pero, también, se han hecho públicos los problemas de organización y aprovechamiento de los oficiales disponibles. La Unión Nacional de Técnicos Profesionales del Tránsito (Unateprot), una fuente muy autorizada, ha denunciado el exceso de burocratización, la superabundancia de jefaturas y la mala distribución de los oficiales habilitados para ejercer la vigilancia.
Pese al vertiginoso aumento del parque vehicular y el crecimiento desmedido del empleo público en otros sectores, la Policía de Tránsito apenas ha crecido en los últimos años. Por el contrario, muchos oficiales han sido destinados a cargos de escritorio y otras plazas permanecen ocultas en diversos recovecos de la burocracia estatal.
Cuando se considera el costo de los accidentes, en vidas y dinero, queda poca duda de la conveniencia de invertir en el fortalecimiento de la vigilancia, humana y electrónica. El control de la circulación puede producir, además, ingresos capaces de hacer un significativo aporte a su mantenimiento. Todo eso, desde luego, aparejado a un esfuerzo sostenido para poner orden y aprovechar al máximo los recursos disponibles.