El 17 de mayo se cumplieron 26 años de que la Organización Mundial de la Salud excluyó la homosexualidad de la clasificación de enfermedades y otros problemas de salud. Los avances mundiales en este campo, y por consiguiente contra la discriminación, se han plasmado tanto en resoluciones de diferentes cortes internacionales como en normativa federal y nacional.
En varios países se han dado actos concretos y reales de igualdad. Ejemplo de ello son los Países Bajos, Suecia y Bélgica, donde han propiciado una legislación mayoritariamente igualitaria. En América, han marcado pauta Argentina, Brasil y Uruguay, donde se regulan ya sea el matrimonio o las uniones entre personas del mismo sexo.
Costa Rica ha suscrito diferentes acuerdos internacionales, reconoce declaraciones universales y en el artículo 33 de nuestra Constitución Política, instituye la igualdad de toda persona ante la ley y la prohibición de practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.
Además, los esfuerzos y la lucha por parte de diferentes actores sociales, en pro de concientización y reconocimiento, han sido constantes.
Hechos contrarios. Sin embargo, en contra de lo descrito, tenemos una triste realidad: los múltiples alegatos presentados ante los tribunales de justicia, y propiamente ante la Sala Constitucional, contra normas y actos evidentemente discriminatorios no han tenido respuestas constantes y uniformes. Oscila la posición jurisdiccional entre reconocimientos perfectamente fundamentados a “extraños” votos, que más resultan ser palmarias disertaciones anacrónicas de intolerancia y discriminación.
Ante este panorama, que incluye en algunos casos la carencia de defensa por parte del máximo órgano llamado a hacerlo, es decir; cuando el sistema judicial niega el reconocimiento de derechos humanos en igualdad de condición, toda nuestra esperanza vuelve a quedar centrada en un órgano con el poder para hacer un cambio real, un órgano que desde su nacimiento tiene el compromiso de crear leyes igualitarias.
La Asamblea Legislativa es ahora la que debe actuar. Seguir negando un espacio para la discusión y a la aprobación de reformas trascendentales, que logren una verdadera igualdad y no la discriminación por razones de sexo, género o preferencia sexual, es eludir un deber que le corresponde.
Actuar de inmediato. Concretar en nuestro ordenamiento jurídico un derecho humano tan esencial es una deuda que deben saldar no solo con quienes por acción u omisión les hemos elegido para que nos representen, sino, y sobre todo, con quienes queremos disfrutar de un país donde la dignidad humana sea igual para todos.
Les proponemos, señores diputados, ejercer su poder, y para eso les sugerimos comenzar con la eliminación de la odiosa e inhumana prohibición del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia para regular una hermosa realidad: la base esencial del matrimonio es, en resumen, el amor.
Así de simple, sin distinguir entre hombres y mujeres, pues ya sabemos que en este asunto eso no importa.
La autora es abogada y estudiante.