No hay forma, políticamente justificable, de que la comisión especial investigadora de los créditos otorgados por el Banco de Costa Rica a Sinocem y Coopelesca se economice recomendaciones.
Si los diputados se muestran tímidos o en exceso calculadores, depreciarán todo su esfuerzo y la imagen grupal quedará reducida a cenizas de circo. Han de ser prudentes, claro. Pero en ningún caso mezquinos ni miopes.
Incluso, llegado el momento, importará poco si los legisladores arriban al consenso de un informe unívoco. Lo infaltable, eso sí, será que los múltiples criterios digan lo que tenga que decirse, controlándose inter pares.
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Claro está que su mejor sello de garantía será resistir la tentación de maximizar las implicaciones de los militantes ajenos, al tiempo que se minimizan las complicidades de los propios. Es decir; defender valores y argumentos en vez de partidos y personas.
Por lo demás, es evidente que la comisión no se puede agotar en el recuento de los hechos y las imputaciones personales. Ese capítulo será apenas la base de todo lo demás. Algo así como el marco de objetivación de un informe digno de una comisión esencialmente política.
Fijados los hechos, ese foro diputadil debe trascender sus hallazgos puntuales para hilar recomendaciones de hondo calado, en cuenta dos reformas profundas: bancaria y judicial.
Por espacio y especialidad, dejo lo financiero a otros. Pero no soslayo, dada mi experiencia y formación, mi aporte en lo judicial. Ahí sí, la reforma me atañe por los cuatro costados.
Punteo tres elementos transversales que, a mi juicio, deben primar en la reforma judicial: heteronoma, antiselectiva y antiendogámica.
Heteronomía. Ninguna reforma judicial será viable si surge del propio Poder Judicial. Eso equivaldría, en términos de legitimidad, a una reforma a la carta; poco creíble.
Todos los abogados aprendemos tempranamente que quien aplique la ley (juez) no debe ser el mismo agente que la conciba y promulgue. Lo aconsejable, en términos de garantía democrática, es que medie una distancia marcada entre quien diseñe las normas y aquel que finalmente las interprete y ejecute.
Desde ahora debe quedar meridianamente claro que, dados los hechos que también han “encementado” a ciertas esferas del Poder Judicial, sería ilógico validar una propuesta de reforma autorrecetada por la propia Corte Plena o incluso por los mismos gremios judiciales que se retrataron de cuerpo entero hace escasas semanas, en una huelga absolutamente anodina e impotable que, por lo demás, los ciudadanos conscientes no debemos olvidar tan fácilmente.
Recordemos que la depuración del Poder Judicial apenas se inicia. No bastan un interinato con cierto arrojo en el Ministerio Público, unos cuantos arrestos y algunos allanamientos. Mucho menos un fiscal general que retornó voluntariamente a su pensión, ni uno que otro magistrado investigado. Falta mucho antibiótico aún como para confiar ahora también el diseño del hospital a quienes nos vendieron la enfermedad.
Antiselectiva. Justamente, lo que se trataría de evitar al impedir una reforma judicial autorrecetada es que se obvien ciertas transformaciones tan absolutamente necesarias como incómodas para algunos gremios, malogrando así tan valiosa coyuntura reformista, al limitar su alcance por conveniencia judicial.
No cabría impulsar la carrera fiscal sin asegurar igual trato a los defensores públicos. O sin motivar la judicatura con menos controles cuantitativos y más evaluaciones cualitativas.
Desde luego, uno de los objetos primordiales de cualquier reforma útil pasaría por concentrar a los magistrados en lo resolutivo, limitándolos como jerarcas al dictado de la política pública de la administración de justicia, pero sustrayéndolos de la microadministración que, al parecer, tanto aficiona a algunos de ellos.
Y claro está, el calado de una reforma judicial sólida y creíble dependerá, en buena medida, del replanteo de las reglas imperantes para elegir magistrados. Y ahí el argumento de la despolitización a ultranza puede venir motivado por aquellos funcionarios judiciales mal acostumbrados a reservarse las magistraturas, bajo el falso argumento, además, de ser esa una función eminentemente técnica. Verdad a medias que encierra un reduccionismo tecnocrático, no solo falacioso, sino deliberadamente engañoso e interesado.
Antiendogámica. Muy por el contrario, hoy debemos tener claro que si algo necesita el Poder Judicial es airearse con académicos y litigantes especializados. Pero, sobre todo, que no guarden vínculos estrechos con quienes ya forman parte de la Corte Plena, la Fiscalía, el OIJ o la judicatura.
Seguir privilegiando a los funcionarios judiciales en los concursos legislativos de cara a las magistraturas pendientes, equivale a nombrar a excompañeros, exjefes, exsubalternos e incluso exparejas, de los que ya están dentro. Las resultas de eso están a la vista y reincidir sería lo más irresponsable que podría hacer la Asamblea Legislativa en el futuro.
El Judicial no solo necesita depuración. Le urge oxigenación.
El autor es abogado.
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