La incuestionable verdad es que Costa Rica no es, para nada, “rica”; la pobreza es generalizada en la mayoría absoluta de la población.
Informes periodísticos y, actualmente, de la Contraloría General de la República alertan que uno de los factores que llevan a dicho estado de calamidad económica son los altísimos salarios de muchos jerarcas y mandos medios de instituciones del Estado.
Cuando se ven los montos salariales de un pequeño grupo de funcionarios se llega a tal conclusión. Y para ajustar el gran daño al erario público, los bancos estatales dan un “premio” por eficiencia. ¡Vaya paradoja!
Resulta que cuando se contrata a un funcionario o empleado público, se debe hacer de acuerdo a criterios de idoneidad , que implica la eficiencia , como bien lo establecen, entre otras leyes, la Ley General de la Administración Pública, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y la Ley General de Control Interno.
Especialmente, la “Ley Anticorrupción” señala que el servidor público debe desempeñarse “… de manera planificada, regular, eficiente, continua”, siempre con el propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios de sus servicios.
Por eso, es inconcebible, incluso para la Contraloría General, que haya que “estimularse” económicamente a quienes, de por sí, al ser funcionarios, tienen aquellos deberes.
Actuar. Costa Rica es un país pobre, repito, lo cual es una verdad de Perogrullo, pero algunos funcionarios y jerarcas estatales parece que no lo ven así, y es por ello que, como en el caso de los bancos, sus juntas directivas no están haciendo lo propio. Esto debe ser tema fundamental del Gobierno de la República, que está obligado, como superior de toda la Administración Pública, a tomar las medidas que sean necesarias, por urgentes, para detener esta ola de salarios estratosféricos y así señalar el derrotero para los otros poderes del Estado y demás instituciones autónomas.
El actual Gobierno, y en específico el señor presidente de la República, prometieron en campaña política meter en cintura todo abuso que se diera en el sector público. No obstante, al estar próximo de su primer año de gestión, no se ha visto actuación alguna en este sentido.
Si esos “premios” por trabajar “mejor” obedecen a una directriz presidencial de 1997, que permitió a los bancos públicos establecer nuevas políticas salariales en pro de sus trabajadores, pues este Gobierno puede y debe derogarla cuanto antes, para que, como ordenó la señora contralora general, Marta Acosta, se llegue a “establecer un mecanismo apegado a la realidad financiera de cada banco y la situación socioeconómica de Costa Rica”. ¡Más claro no pudo decirlo!