En las ediciones del diario La Nación del 18 y 19 de marzo del 2015, se publican dos artículos que surgen, el primero, del anuncio del Gobierno de la República sobre la presentación de un proyecto de presupuesto extraordinario para rebajar el presupuesto ordinario de la República para el 2015, y, el segundo, de mi intervención en el Plenario el día 18, y se me atribuye en ambos expresiones que nunca dije y se tergiversan los términos reales sobre el alcance de los compromisos para rebajar el presupuesto para el año 2015 adquiridos por el Gobierno de la República con la fracción socialcristiana el 29 de noviembre del 2014.
En el artículo del día 18, intitulado “Gobierno plantea a diputados recortes en viajes, horas extra y publicidad”, se afirma: “Con este plan extraordinario, el Gobierno busca cumplir un compromiso con la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con tal de mantener esa fracción como aliada para la elección del nuevo Directorio legislativo, el próximo 1.° de mayo”, lo cual es una afirmación sin fundamento alguno, en virtud de que no existe ningún compromiso con el gobierno ni su fracción parlamentaria para la elección del Directorio legislativo el 1.° de mayo del 2015.
Con respecto a lo publicado el 19 de marzo, en el artículo “Jefe del PUSC satisfecho con Solís por corte a gasto estatal”, en el que se indica que el suscrito “aplaudió la posición del Ejecutivo” en relación con los montos rebajados, debo manifestar primero, que nunca utilice el verbo aplaudir refiriéndome al gobierno, lo hice en reconocimiento de mis compañeros de fracción miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios, diputada Rosibel Ramos Madrigal y diputado Johnny Leiva Badilla, por su destacada participación en el trámite del presupuesto del 2015.
Esta afirmación y concepto claramente consta tanto en el acta del Plenario como en el boletín emitido por la Oficina de Prensa de la fracción del PUSC.
Segundo, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, con un gran esfuerzo se logró dictaminar por mayoría el proyecto de presupuesto que contiene rebajas por ¢297.000 millones. Sin embargo, durante la discusión en el Plenario no fue aprobado en definitiva, a pesar de que nuestra fracción lo votara favorablemente. Las rebajas, en su mayoría propuestas socialcristianas, se constituían de ¢100.000 millones por canje de deuda, 100.000 millones por gestión de caja única (disposición de superávits) y ¢97.000 millones del gasto corriente, e incorporaba valiosas normas sobre transparencia, control y rendición de cuentas.
Ante esa imposibilidad legislativa y si nuestro objetivo era disminuir gastos, optamos por, como último recurso legítimo, recurrir al señor presidente de la República, en busca de su compromiso. Su respuesta y la del ministro de Hacienda, las leí ante el Plenario el 29 de noviembre del 2014, en ella se comprometió a reducirlo al menos en ¢221.000 millones: ¢100.000 millones por concepto de canje de deuda, ¢60.000 millones por gestión de caja única y ¢61.000 millones por gasto corriente.
El proyecto de presupuesto extraordinario, ahora presentado por el Ejecutivo, cumple con una importante parte del compromiso, al proponer rebajar ¢189.000 millones: ¢60,9 millones por gasto corriente y ¢132.000 millones por canje de deuda, de los cuales ¢40.000 millones son para capitalizar el Banco Nacional, y se desincorporan alrededor de ¢37.000 millones del fallido empréstito Limón-Ciudad Puerto. Además, estamos a la espera del proyecto de ley para la eficiencia en la administración de los recursos públicos, que podría permitir utilizar –según cálculos de Hacienda– más de ¢60.000 millones (superávits en caja única).
Considero, y así lo mencioné ante el Plenario, que el gobierno, al presentar el proyecto de presupuesto extraordinario y anunciar el proyecto de ley para usar los superávits en la caja única, da dos pasos positivos y honra parcialmente su compromiso ante nuestra solicitud, la cual no es extensiva ni forma parte de negociación alguna relativa a ningún otro tema. Hubiéramos deseado que la reducción del gasto fuera mayor, pero, en términos realistas, los montos por rebajar y controlar son los políticamente posibles y mayores a la imposibilidad de rebajarlos que surgió de la compleja realidad parlamentaria.
Costa Rica tiene grandes retos sociales, económicos, político-institucionales y ambientales que debemos afrontar y resolver con la mayor brevedad, tarea que trasciende al gobierno y a cualquier partido en particular.
Le hemos propuesto al señor presidente en varias oportunidades, y lo he reiterado ante el Plenario en diversas ocasiones, la imperiosa necesidad de construir un acuerdo nacional entre el gobierno, las fracciones parlamentarias y las organizaciones de empresarios y trabajadores. Plantearse la elección del 1.° de mayo sin un acuerdo multipartidista para bien del país, sería un acto político vacío y carente de seriedad.
En materia de control del gasto, queda mucha tarea pendiente, como por ejemplo el recuperar por decreto las normas de transparencia, control y rendición de cuentas, y extenderlas al resto del sector público mediante una directriz presidencial, lo cual permitiría controlar gastos no contemplados en el dictamen de mayoría.
Se han dado algunos pasos por el camino correcto, pero falta mucho trecho que recorrer.
El autor es jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana.