Con transparencia y afán de nuestra familia de respetar los Tribunales de Justicia, renuncié a mi derecho de no declarar en el juicio ICE-Alcatel y lo hice el pasado lunes 9 de agosto.
Como muchas mujeres de mi tiempo tuve el privilegio de dedicar buena parte de mi vida a atender a mi familia. Miguel Ángel atendió las actividades financieras del hogar, y yo atendí otras necesidades familiares y actividades de bienestar social, tanto durante mi época como Primera Dama, como durante muchos años antes, tal y como es ampliamente conocido por los ciudadanos.
En su crónica del 10 de agosto, La Nación omite parte importante de mi declaración y que fue expresamente aclarada al contestar las preguntas de la Procuraduría y de la propia presidenta del Tribunal, y las cuales deben ser consideradas en contexto con mis respuestas a la Fiscalía.
Así, contextualizado, al comentar que los fondos recibidos de José Antonio Lobo eran un préstamo para la campaña para la OEA, expliqué que me había enterado más tarde por cuanto Miguel Ángel los había pagado.
Si eso no es suficientemente claro para La Nación, agrego que ese pago se hizo cuando Miguel Ángel estaba encarcelado, y por eso participé en ese envío específico de recursos.