No voté por don Luis Guillermo ni en la primera ronda ni en esta última. Sin embargo, amparado en su discurso del domingo 6 de abril, en el que resaltó la futura participación ciudadana en las decisiones sobre políticas públicas en su próxima administración, me atrevo a someter estas consideraciones al señor presidente electo.
Aunque no debería albergar muchas esperanzas de que don Luis Guillermo pueda hacer todo lo que de buena fe piensa que sea lo mejor para el país, escribo lo siguiente por su sorprendente trayectoria electoral y su demostrada capacidad de lograr consenso.
Pese al inequívoco mandato logrado en las urnas (el segundo mayor apoyo electoral de la historia nacional reciente), nuestro anacrónico sistema electoral le otorgó una escuálida fracción parlamentaria a su partido. Eso le hará mucho más difícil su gestión. Pero don Luis Guillermo nos ha demostrado que puede lograr lo que todos, con excepción quizá de su familia y amigos más cercanos, considerábamos imposible. Con su contundente resultado electoral, don Luis Guillermo genera esperanza aun en quienes diferimos por razones ideológicas.
Varios cambios. Las siguientes ocurrencias –así las calificarán muchos lectores– resumen algunos de los cambios que me gustaría que intentara la próxima Administración:
Eliminar, de cuajo, todos los regímenes de pensión (sobre todo, el del Poder Judicial) e incorporar a esos asociados al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS y, al mismo tiempo, aumentar la edad de pensión según el incremento en la expectativa de vida (hoy, al menos, de 68 años), tanto para unos como para otras, como acostumbra a resaltar. La equidad que subrayó en su discurso ha de ser pareja para todo(a)s.
Establecer que toda fuente de ingreso (salarios, comisiones, honorarios profesionales, intereses y ganancias de capital) se considerará, para efectos fiscales, como ingresos ordinarios que estarán sujetos a los mismos impuestos. En este ámbito, también desechar la doble tasación de los dividendos existente (la empresa ya pagó impuesto sobre la renta antes de distribuir utilidades) y, a su vez, descartar como deducible el gasto por intereses para fomentar la capitalización en perjuicio del actual estímulo al endeudamiento empresarial.
Exonerar de cargas sociales medio salario mínimo a todos los asalariados y compensarle a la CCSS –no así a las demás instituciones– la disminución en sus ingresos con un aumento proporcional en la cuota de quienes ganan más de ese monto. De paso, también se podría separar la administración del IVM de la CCSS y trasladarla a los especialistas de los bancos públicos. Quizá así mejoraría el rendimiento y la sostenibilidad del régimen.
Instituir, como accionista y dueño de todas las instituciones públicas, que tanto Recope, el ICE, el INS, el BCR y BNCR (y algunas otras instituciones que se me escapan) distribuirán como dividendos, a su dueño –el Estado–, al menos el 50% de sus utilidades después de impuestos, y eliminar las distorsionadas distribuciones a terceros a que hoy están obligadas por ley. Para que esto sea factible, hay que empezar por acabar, de una vez por todas, con la repartición (sin límite) del 15% de las utilidades de que actualmente disfrutan los empleados del Banco Nacional.
Desechar el tope de generación privada de energía y obligar al ICE a comprar toda la energía limpia que produzcan los privados a un precio equivalente al 75% del costo de generación de su planta más ineficiente en ese momento o, a juicio de cualquiera de las partes, a transportarla, a un peaje razonable, a la frontera más cercana para que el generador pueda vender al mejor postor. Y permitir al ICE explotar la geotermia en parques nacionales con la debida compensación al sistema por el daño ambiental.
Aumentar (quizá hasta duplicar) el precio de los combustibles, diésel y gasolina, y dedicar esos ingresos adicionales exclusivamente a la infraestructura de transporte público.
Prescindir de la inamovilidad y de otras prebendas (como anualidades) de los empleados del sector público y otorgarles los mismiticos derechos laborales que tenemos el resto de los mortales, según el Código de Trabajo: 8 años (no 20) de cesantía, 12 días (no 30) de vacaciones, un doceavo de aguinaldo (no uno y medio con el salario escolar), e incapacidad al 60% (no al 100%) del salario, y, por supuesto, establecer el cálculo de los aumentos salariales sobre la remuneración total y no sobre el salario base para evitar la exponenciación. La lucha contra la corrupción y el combate a la desigualdad empieza en casa. (Recomiendo la lectura de este estudio que detalla las inauditas granjerías en el sector público http://tinyurl.com/crpubsal).
Esperanza. El brillante resultado electoral de don Luis Guillermo y su sincero discurso generan esperanza hasta en los pocos costarricenses que no votamos por él en la segunda ronda. Por el bien nacional, le deseo el mejor de los éxitos en su futura administración. Espero que logre cambiar mucho de lo que hace años está mal. Reciba mis respetos por su meteórico recorrido político.