En estos momentos, la Asamblea Legislativa se encuentra inmersa en largas sesiones extraordinarias de plenario, a fin de conocer centenares de mociones del Movimiento Libertario sobre un proyecto de ley al cual se opone. La gran mayoría de los diputados estamos de acuerdo con el proyecto, pero el Reglamento legislativo contiene mecanismos que le permiten a un solo diputado impedir que se vote.
Diputados de partidos cristianos se oponen a los proyectos para permitir la fecundación in vitro y para garantizar derechos civiles y patrimoniales a las parejas del mismo sexo. Dado que quienes estamos a favor de esas iniciativas somos mayoría, esos diputados han presentado más de mil mociones a cada uno de esos proyectos, con el fin de hacer imposible que se lleguen a votar.
Algunos diputados del Frente Amplio han anunciado que presentarán las mociones “que sean necesarias” para impedir que se llegue a votar el proyecto que intenta poner algunos límites al crecimiento de pluses salariales en el sector público.
Una persona diputada del PUSC informó al plenario, con evidente satisfacción –como si se tratara de una acción virtuosa–, que tiene a sus asesores preparando mociones a granel con el fin de impedir que se lleguen a votar los proyectos de ley del gobierno sobre impuestos.
Un diputado del PLN presentó 1.000 mociones para impedir que avanzara el proyecto para combatir el fraude fiscal. Luego, en un “arrebato” confeso de moderación, las redujo a 250.
Algunos diputados de mi fracción, cuando percibieron que no teníamos mayoría para ratificar al regulador general de los servicios públicos propuesto por el gobierno, se retiraron del plenario legislativo para romper el cuórum y lograr que de esa manera quedara electo sin que se diera la votación.
En el pasado, otros diputados del PAC no tuvieron reparos en presentar “carretillos de mociones” para impedir que los proyectos de la agenda de implementación del TLC se llegaran a votar.
Práctica dilatoria. La inventiva obstruccionista, tanto en el plenario como en las comisiones, no tiene límites. Además de la presentación de centenares o miles de mociones y de romper el cuórum, algunos diputados constantemente abandonan su curul para ralentizar las decisiones, solicitan recesos sin razón alguna, hacen uso de la palabra sin referirse al tema en discusión de acuerdo al orden del día, presentan apelaciones que no se justifican, solicitan la lectura de extensos documentos, etc.
Aparte del enorme costo para los costarricenses (en salarios, horas extras, alimentación, servicios secretariales, electricidad, etc.,), estás prácticas debilitan severamente la confianza entre los tomadores de decisiones.
Pero, además, todos esos diputados que cuando presumen que van a perder una votación utilizan cualquier arma para impedir la votación, ostentan su cargo gracias a que ganaron en procesos de votaciones, primero dentro de las asambleas de sus partidos y, luego, en las elecciones nacionales. En ese caso, sí aceptaron el veredicto de las mayorías y no movieron un dedo para impedir las votaciones.
Más aún, ahora que son diputados, cuando estiman que su moción o su proyecto tiene el apoyo de la mayoría, ponen todo de su parte para que que se llegue con celeridad al momento de la votación.
La persona que permite votaciones solo cuando prevé que ganará tiene problemas monumentales de coherencia y cero autoridad para luchar contra estas prácticas cuando sean utilizadas por otras personas.
De ese modo, engendran un empate en el mundo legislativo, pero no precisamente en el pináculo donde habitan el respeto a las opiniones de las mayorías y la democracia. Por otra parte, esas personas tienen una clara vocación dictatorial.
Recordemos que los dictadores lo son precisamente porque solo permiten propuestas de su cosecha. Además, se trata de personas que presumen que siempre tienen la razón y que la verdad es la suya.
Derecho mal empleado. El Reglamento permite este tipo de tretas para impedir que las mayorías se expresen, pero no pero ello deja de ser una práctica deplorable. Igual que no todo lo legal es ético, tampoco no toda práctica apegada a la ley es democrática.
La posibilidad de presentar mociones se creó con la intención de que todo diputado pudiese proponer enmiendas a un proyecto. Utilizar esa herramienta para presentar centenares de mociones, y así impedir que un proyecto se vote, puede ser legal pero viola totalmente la intencionalidad democrática que motivó la creación del derecho de enmienda en el Reglamento legislativo.
Del mismo modo, la obligación de que exista un cuórum mínimo para sesionar se creó con la idea de que no se tomen decisiones sin la presencia de una buena parte de los diputados. Esa norma democrática se violenta cuando se rompe el cuórum para impedir que las mayorías puedan votar.
Los gobiernos de países como Venezuela –cuestionados correctamente por las derechas de Costa Rica– frecuentemente toman decisiones apegadas a la letra de la ley, pero ello no quiere decir que sean democráticos.
Igual las izquierdas cuestionaron intensamente –también atinadamente– lo que algún expresidente denominó “dictadura en democracia“. Por ello, sorprende que diputados de derecha e izquierda hayan desarrollado a la perfección mecanismos para impedir votaciones excepto cuando están de acuerdo con la decisión por tomar.
Uso general. La lamentable verdad es que las tretas –centenares de mociones, rompimientos de cuórum, pedir recesos, hablar por hablar, etc.– son practicadas por diputados de izquierda y de derecha, por precandidatos presidenciales y por aquellos sin aspiraciones, por diputados con experiencia y por novatos, por diputados viejos y jóvenes, por diputados de partidos nuevos y de los tradicionales, por diputados de gobierno y de oposición.
Los practicantes de esos vicios lo consideran habilidad política. No se percatan de que no se requiere ninguna habilidad para adentrarse en este tipo de trucos y mañas. Aun un diputado como yo –el cual frecuentemente es señalado por carecer totalmente de habilidad política– podría haber impedido la votación de proyectos de ley a los cuales me he opuesto, tanto en esta oportunidad como en la primera en que fui diputado.
No se requiere inteligencia, habilidad o capacidad estratégica para montar en nuestros despachos una fábrica de mociones sin sentido, para salirse del plenario y romper el cuórum o para utilizar el tiempo en comisión o plenario hablando irrelevancias con el fin de impedir una votación.
Dichosamente, existen numerosos diputados que no caen en estas prácticas, pero entonces somos víctimas de aquellos que irrespetuosamente acuden a ellas. Lamentablemente, la prensa escasamente reporta el vicio. Por ello, a la ciudadanía se le hace difícil enterarse de quiénes son esos diputados, lo que le impide castigarlos no votando por ellos cuando aspiren a cargos públicos en procesos venideros.
Espero que los diputados especialistas en estas prácticas reflexionen y cambien de actitud. Es necesario que Costa Rica, que ha sido ejemplo de democracia al mundo, muestre que este sistema funciona, que cuando no hay consenso las mayorías tienen posibilidades de tomar decisiones, que nadie en la clase política se comporta como si tuviese el monopolio de la verdad sobre lo que le sirve al país y que aquí nadie imita los regímenes del mundo que utilizan cualquier letra o coma de la ley para atentar contra la democracia.
En fin, es necesario que, más allá de leguleyadas, la clase política de este país se conduzca inspirada siempre por una verdadera ética democrática.
El autor es diputado del PAC.