Toda obra arquitectónica pública relevante que se emprenda en un país se esperaría que sea mostrada a la ciudadanía, de manera que también pueda ser analizada e incluso sea debatida en un colegio de arquitectos o en otros ámbitos profesionales, por su incidencia en el ámbito urbano y en el desarrollo del objetivo institucional de que se trate.
Llama la atención que en nuestro país esa transparencia no es visible, tratándose del proyecto institucional más relevante emprendido en años recientes: una nueva sede para el Poder Legislativo.
Después de haber promovido en el 2012 un concurso público, con un cartel criticado por contener un evidente criterio erróneo de desvinculación predial y funcional, se optó por un proyecto que antes de ser adjudicado ya había sido objetado por el Centro de Patrimonio, corriendo el riesgo de que aconteciera lo que en efecto sucedió, que no se obtuviera el permiso de construcción de ese órgano.
Después de un prolongado debate entre tirios y troyanos, en que para unos la opción escogida era un gran avance arquitectónico y urbanístico que el país y la ciudad capital requería, para otros era un error de escala descomunal, una estructura costosísima, un avasallamiento de los edificios patrimoniales existentes, una invasión ilegal de las vías públicas y una falta de carácter de sede parlamentaria.
No obstante, fue un debate que se realizó en foros y prensa, porque la Asamblea Legislativa mostró el proyecto abiertamente.
Pasado ese torbellino, todo quedó en el olvido y no es hasta ahora, más de tres años después, que se informa que en poco tiempo empezarán a construir la obra, objeto de una salida improvisada con otro diseño que fue contratado directamente y aprobado hace meses, sin que –al contrario del anterior– se haya mostrado por ningún medio a la ciudadanía.
Cuando esto se lea, tal vez ya haya sido publicado por insistencia de algunos ante las autoridades legislativas, pero no porque estas lo hayan difundido oportunamente por iniciativa propia desde que lo aprobaron el año pasado.
Aquí lo políticamente censurable ha sido el secretismo del Directorio legislativo y, en consecuencia, la oportunidad perdida del conocimiento y el análisis en el ámbito de la comunidad arquitectónica, urbanística, patrimonial y paisajística.
Curiosamente, ninguna institución pertinente se ha interesado en el caso: el Colegio de Arquitectos, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Icomos de Costa Rica, las escuelas de arquitectura u otros.
Asimismo, es criticable la actitud indiferente de los diputados ante una obra de esa importancia. Pareciera que esa actitud política colectiva fue la que permitió y justificó que a mediados del siglo pasado la ignorancia derribara nada menos que el Palacio Nacional, que ahora piensan sustituir como si fuera un simple oficentro sin importancia, a juzgar por la visión de los diputados.
El autor es arquitecto.