Según la DEA, el Cartel de Cali llegó a ser proveedor del 80 % de la cocaína a escala global. Junto con el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, creó el modelo que siguen los narcos colombianos hasta hoy.
Parte del nefasto legado de ambos carteles es la corrupción al más alto nivel, que permeó instituciones y reclutó empleados públicos en los países latinoamericanos.
La corrupción arrebata los derechos humanos a la población en estos países y es una de las causas del desprestigio y socavamiento de la democracia y sus instituciones. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y partidos políticos son víctimas del narcotráfico.
En un momento clave, debido a la emergencia hemisférica que significa la expansión del narcotráfico, se celebró la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas los días 7, 8 y 9 en Cali.
Hugo Chávez negoció a principios de siglo con los carteles colombianos para inundar Estados Unidos de cocaína, según informó el New York Times en el 2019, fundamentado en conclusiones de fiscales de Nueva York. Chávez llenó de droga toda la región y dio lugar a la criminalidad actual.
Los gobiernos se quedaron rezagados en la atención de la problemática, empeñados en enfoques represivos y obsoletos, en la militarización de la seguridad para tratar un fenómeno que rebasó hace rato las capacidades del Estado para responder con efectividad. Por el contrario, creyeron que más policías, penas y cárceles iban a reducir la criminalidad, aunque el fracaso de tales estrategias y retórica estaba demostrado.
El objetivo de la conferencia en Cali es promover un enfoque holístico, que brinde soluciones al problema de las drogas y priorice al ser humano, la protección del ambiente y el respeto de los derechos humanos, entre otros.
Este último punto es trascendental. El presidente de Costa Rica se hace eco de ideas tales como que no importa que mueran personas jóvenes por andar en malos pasos. Es un inaceptable e insensible irrespeto por la vida, a sabiendas de que la incapacidad del Estado para crear oportunidades sociales a la población excluida es lo que lleva a la decisión de tomar malos caminos, algunos incluso reconocen que sus vidas serán cortas a costa de su subsistencia y la de sus familias.
A pesar de lo anterior, esta administración registra la más baja inversión social y hay prácticamente un desmantelamiento del estado de bienestar, que la historia ya juzgará.
El encuentro culminó con la aprobación del Documento de Santiago de Cali, en el que los países asumieron el compromiso de abordar de forma integral, interdisciplinaria, equilibrada y amplia, basada en evidencia científica, el problema mundial de las drogas.
Otro resultado fue la creación de un grupo de seguimiento para promover una conferencia mundial, en el marco de la ONU, en el 2025, con jefes de Estado y de Gobierno.
“No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar”, escribió Kofi Annan, cuando fue secretario general de la ONU, en su informe intitulado Un concepto más amplio de la libertad.
La acción colectiva bajo el principio de responsabilidad compartida y común es lo único que vencerá el narcotráfico. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. La Conferencia de Cali es un buen augurio si los gobiernos actúan con prontitud, determinación, visión y responsabilidad histórica.
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La autora es internacionalista.