La empresa concesionaria del nuevo puerto de contenedores de Limón, APM Terminals, marcha a pasos acelerados en la construcción de las obras.
De acuerdo con el contrato de concesión, la empresa debe trasladar libres de polvo y paja un 7,5% de sus ingresos brutos a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
La misma APM Terminals considera que, dada la estimación de ingresos brutos, estará trasladando al menos $12,5 millones durante el primer año de operaciones de la nueva terminal (2018). Ese monto crecerá año con año en el tanto los ingresos de la concesionaria se incrementen.
Para el desarrollo de Limón y del país es de capital importancia que esos recursos se utilicen en inversiones que tengan un fuerte impacto económico. Sería lamentable que se atomizaran en “proyectitos”, gastos administrativos, beneficios laborales, estudios, consultorías o iniciativas que no sean más que “elefantes blancos” o lindezas demagógicas. Peor aún sería que con tales recursos se cometieran los errores que finalmente convirtieron el proyecto Limón Ciudad Puerto en un vergonzoso fiasco y un monumento a la ineficiencia y la politiquería.
Por otra parte, nuestro país se caracteriza por lentitudes desesperantes, originadas en trámites interminables y discusiones infinitas sobre cada proyecto de inversión pública. En muchos casos, estas últimas han obedecido a vacíos mayúsculos en la etapa de preinversión, a errores garrafales en los procedimientos o a justificadas denuncias sobre irregularidades, todo lo cual termina afectando severamente los niveles de ejecución de obra pública. Con frecuencia, la lentitud responde a que los proyectos de inversión no se planifican ni se preparan con el debido rigor legal y técnico.
Fondos disponibles. En menos de tres años se realizará la primera transferencia de APM Terminals a Japdeva. Estamos a tiempo para tomar decisiones sobre el destino de esos recursos, de tal manera que en cuanto Japdeva cuente con ellos se puedan destinar a construir la obra u obras seleccionadas.
Más aún, en vista de la certeza sobre esos ingresos, podrían titularizarse los correspondientes a los primeros cinco años, crear un fideicomiso y muy pronto empezar a ejecutar obras por más de $50 millones.
Estoy seguro de que, aparte de la seguridad sobre esos fondos (derivada del contrato de concesión), APM Terminals complementaría las garantías para sustentar la estructuración de la titularización y hacerla atractiva para el mercado financiero.
En todo caso, urge tomar decisiones y comenzar a ejecutar las acciones para que no se pierda ni un solo día ni una sola oportunidad para el desarrollo de Limón y del país, por retrasos injustificados.
Celeridad y eficiencia. En su momento, promoví competencia para Japdeva y me opuse a que se le entregara en monopolio el manejo de barcos full containers a APM, y me opondría otra vez. Pero ante las decisiones tomadas por las anteriores administraciones y ratificadas por el presidente, Luis Guillermo Solís, ahora debemos abogar por celeridad y eficiencia para que pronto Limón y el país comiencen a usufructuar de la inversión de los recursos por recibir del operador de la nueva terminal.
Hace algún tiempo envié una carta al gobierno exponiendo esta propuesta. Esta fue bien acogida por el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, y por la presidenta ejecutiva de Japdeva, doña Ann McKinley.
Sugerí que esos recursos se destinaran a uno de los proyectos que el presidente ejecutivo del Incofer, don Guillermo Santana, está impulsando: la recuperación completa del ferrocarril de carga Limón-Río Frío y su extensión hasta la punta sureste de la carretera en construcción Vuelta de Kopper-Bajos de Chilamate (la cual, por medio del puesto aduanal Las Tablillas en los Chiles, nos conecta con una amplia red regional de transporte interfronterizo de carga).
Las obras del ferrocarril se complementarían con la construcción de facilidades logísticas en ese punto para transferir contenedores de furgones a trenes.
Puede que esta sugerencia sea rechazada, pero lo importante para el país es que cualquiera que sea el destino de los recursos, estos se inviertan en proyectos que multipliquen sus beneficios económicos y que se tomen decisiones con planificación y sentido de urgencia.
Una vez más tenemos la posibilidad de demostrar que en Costa Rica no hemos perdido la capacidad para asignar recursos a proyectos de impacto sustantivo en el desarrollo y a ejecutar obras sin desperdiciar dinero ni tiempo.
¿Aprovecharemos esta oportunidad o una vez más seremos derrotados por las ocurrencias, el calendario, la desidia, la ineficiencia y la falta de planificación estratégica?
El autor es diputado del PAC.