Si existiera transparencia entre los gobiernos y las operaciones que realizan las personas dentro de su respectivo territorio, no haría falta que el periódico Süddeutsche Zeitung recibiera 11,5 millones de archivos del bufete Mossack Fonseca para darse cuenta de quién realmente está trabajando en las sombras.
Usualmente, los países negocian acuerdos para el intercambio de información tributaria como mecanismo para recibir datos de relevancia fiscal e indagar sobre las operaciones de sus contribuyentes en el extranjero. Sin embargo, la metodología bajo la cual funcionan exige necesariamente una solicitud previa e individual por parte del país requirente, por lo que solamente se obtiene información de casos que ya están en el radar de los gobiernos.
Estados Unidos fue de los primeros en percatarse de que este tipo de instrumentos no iban a ser suficientes y, como resultado de la crisis financiera del 2008, promulgó en el 2010 el Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca, siglas en inglés de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras).
Esta ley le exige a todas las entidades financieras del mundo que a partir del 2014 identifiquen cuáles de sus clientes son contribuyentes estadounidenses y los reporten de forma automática y anual al Internal Revenue Service (IRS).
Posteriormente, el Reino Unido secundó este instrumento y emitió una normativa similar conocida como UK CD-OT para las entidades financieras que operaran en sus territorios de ultramar.
Ambas contribuyeron en gran parte a la red global que hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) quiere poner en funcionamiento: el Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés).
Este acuerdo macro es un punto de partida para crear una red que permita el intercambio automático de información entre varios países, datos que serán captados por las entidades financieras de todo el mundo a partir del 1.° de enero del 2016 (algunos países como Costa Rica y Belice comenzarán en el 2017).
Flujo de datos. Si el CRS llegara a implementarse en su totalidad, los Panama Papers serán poca cosa. Imagínese a más de 96 países compartiendo anualmente información sobre las operaciones financieras realizadas dentro de su territorio; a Costa Rica, Islas Caimán, Belice, Islas Vírgenes Británicas y Suiza revelando con nombres y apellidos cuentas e inversiones alérgicas a la luz.
Llama la atención que Panamá manifestó estar en disposición de continuar con el intercambio de información de relevancia tributaria únicamente de manera bilateral, razón por la cual la OCDE decidió excluirla de la lista de países que cumplirían con la red global. Sin embargo, el 14 de abril (unos pocos días luego de las publicaciones) modificó su postura y confirmó su anuencia al intercambio de información de forma consistente con los objetivos del CRS.
Lo que demuestra este abrupto cambio en la política de Panamá es el peso que tiene esta nueva tendencia a escala global y su inminente ejecución.
El futuro exige transparencia y cooperación, tanto de las administraciones tributarias del mundo como de los contribuyentes; pero, sobre todo, demanda un sistema de intercambio de información eficiente. Ciertamente estamos ante el inicio de una nueva era.
El autor es abogado, gerente de impuestos de Deloitte.