El atún es un pez pelágico altamente migratorio que se encuentra en abundancia en nuestro mar patrimonial del océano Pacífico, fundamentalmente por la existencia de un domo térmico, que es un afloramiento de aguas producido por la convergencia de corrientes cálidas y frías, en el que se encuentran grandes cantidades de nutrientes, y donde se generan condiciones especiales para la alimentación de las especies marinas.
Desde la promulgación de la Ley 5775, el 14 de agosto de 1975, impulsada por el exdiputado Arnoldo Ferreto, nuestro país permite a barcos de bandera extranjera pescar atún con red de cerco en nuestro mar patrimonial, mediante el pago de una licencia.
La motivación principal de este acto legislativo fue garantizar el abastecimiento de ese recurso pesquero (materia prima) a las plantas envasadoras, que generaban miles de empleos directos e indirectos, principalmente en Puntarenas, provincia que representaba el legislador proponente.
Esa disposición legal fue incorporada, en el año 2005, a la normativa de la Ley 8436, de Pesca y Acuicultura, con una variante importante: el canon de las licencias ya no está establecido en la ley; ahora le corresponde fijarlo al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. El producto recaudado por el otorgamiento de estas licencias beneficia a varias instituciones educativas, así como al propio Incopesca y al Servicio Nacional de Guardacostas.
Pesca extranjera. Las estadísticas oficiales indican que en nuestra Zona Económica Exclusiva, ZEE, con excepción de las primeras doce millas náuticas (medidas desde la línea de la costa) porción que corresponde a nuestro mar territorial, la flota extranjera captura un promedio anual de 22.376 toneladas métricas de atún, de las cuales se desembarcan en el país, aproximadamente, el 59%.
Cabe señalar que, en 1949, con el “interés común en mantener la población de atunes de aletas amarillas, bonitos y otras especies que pescan las embarcaciones atuneras en el Pacífico Oriental… y deseosos de cooperar en la compilación e interpretación de datos fidedignos que faciliten el mantenimiento de las poblaciones de estos peces en un nivel que permita un continuo aprovechamiento máximo año tras año…”, Costa Rica y Estados Unidos de América firmaron una convención mediante la cual establecieron la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) instancia que se encarga de la ordenación y conservación de este recurso y a la que, luego, se unieron otros países.
Un estudio sobre esta pesquería, auspiciado por la Federación Costarricense de Pesca (Fecop) al cotejar información de la CIAT y del Incopesca, reveló que en nuestras aguas operan una cantidad importante de embarcaciones extranjeras que no se registraron ni obtuvieron licencia y que, también, se utilizan artes de pesca prohibidos por las autoridades nacionales.
En el primero de los casos, tenemos como ejemplo que, en el año 2010, la CIAT registró 55 embarcaciones operando en el mar costarricense, mientras que el Incopesca reporta que sólo a 23 se les otorgó licencia. Para el año siguiente, los datos fueron de 37 embarcaciones operantes, y únicamente 22 lo hicieron legalmente.
Artes y permisos. En relación con el uso de técnicas de pesca ilegales y con base en la información de la CIAT, el estudio pone en evidencia que las redes para la pesca del atún fueron lanzadas cientos de veces sobre “dispositivos agregadores de peces” o “plantados”, arte de pesca no selectivo cuyo uso está prohibido en nuestro país, ya que su práctica tiene un efecto nocivo por las altas tasas de captura incidental, que incluyen tiburones y tortugas, así como de atunes juveniles.
A la luz de estas revelaciones, ambos comportamientos ilegales pueden y deben ser sancionados. Nuestro país, como miembro de pleno derecho de la CIAT, debe pedir y exigir a esta organización la información precisa que permita identificar a las embarcaciones infractoras e iniciar los procesos administrativos y judiciales correspondientes. Es más, la CIAT debería reportar de oficio a los países miembros los barcos que faenan en sus aguas y con cuáles artes de pesca lo hacen.
Hacer caso omiso de esta situación y no sancionar a los infractores aplicándoles todo el peso de nuestras leyes, significaría alentarlos a continuar robando y perjudicando nuestros recursos pesqueros.
Además, las autoridades gubernamentales y pesqueras deberían atender la propuesta que han formulado algunas organizaciones de pescadores para elaborar y poner en ejecución un plan de ordenamiento y manejo de las pesquerías en el Pacífico.
Esta propuesta persigue la reducción del área de pesca a las embarcaciones extranjeras, dando espacio para que la flota palangrera nacional pueda capturar dicho recurso sin la desventaja que hoy tienen y para que la pesca turístico-deportiva y el sector artesanal se desarrollen con mejores rendimientos, al reducir la pesca incidental de las especies objetivo de sus actividades y lograr de esta forma su recuperación.
De igual manera, es propicio que el canon que se cobra por las licencias (que ha permanecido invariable por décadas a pesar de que el precio de la tonelada métrica de atún ha venido en aumento) revisado por el Incopesca, ahora que tiene la potestad, ya que con el actualmente en vigencia, de acuerdo al estudio de FECOP, el país percibe únicamente un promedio de US$37 por tonelada métrica (TM) de atún capturado en aguas costarricenses. Esto representa un ingreso muy bajo si tomamos en cuenta que el valor en el mercado internacional del atún para enlatado es aproximadamente de $2.800 por TM.
Es conveniente a los intereses nacionales que la explotación del recurso atunero existente en nuestro mar patrimonial genere los mayores beneficios para los pescadores costarricenses y para el país.