En el mar patrimonial de Costa Rica, las capturas anuales promedio de atún alcanzan un valor de entre $75 millones y $125 millones para atún de segunda y de primera. La pesca la hacen buques internacionales que pagan o reciben de manera gratuita la licencia temporal, por lo que dejan al Estado apenas un 0.6 % del valor del atún desembarcado. Este cálculo se basa en los datos oficiales del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y en capturas reportadas por Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) entre el 2008 y el 2011.
Esta cifra debe llamarnos a la reflexión urgente, porque el país está perdiendo la oportunidad de sacar provecho de manera sostenible y para beneficio de pescadores locales al recurso marino nacional, a la vez que perpetúa la mala administración del recurso público. Algunos datos adicionales nos ayudan a confirman esta tesis.
Costos y licencias. El cobro de licencias atuneras se hace con base en $54 por tonelada neta de registro (TNR), o tonelada Moorsom, según el decreto 23943-MOPT-MAG, Art.6. En cada TNR caben tres toneladas de peso de atún, lo que quiere decir que en realidad el buque paga solo $18 por tonelada de peso de atún real extraído.
Para mejorar la oferta a los internacionales, se le otorga licencia gratuita (artículo 55 de la Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436) a buques que descarguen la totalidad de su bodega en Puntarenas para suplir la industria enlatadora. En este caso, con la licencia gratuita, el costo por tonelada métrica pescada se reduce a $9. Sin embargo, se ha reportado insistentemente que con solo 300 toneladas de descarga en puerto Caldera se está otorgando la licencia gratuita, evadiendo el espíritu de la Ley, que solicita la descarga total de la bodega.
Por cobrar en base a la TNR, el Estado ha dejado de percibir $108.000 por cada licencia otorgada a barcos de 1000 toneladas. Solo entre el 2008 y el 2011, cuando el Estado percibió ingresos por $826.058 por cobro de licencias en base a TNR, el Estado dejó de percibir $1.652.116. En ese mismo periodo, se regaló un 19% de las licencias otorgadas, dejando de percibir el Estado $957.778.
Entre el 2008 y el 2011, la CIAT reportó que 49 buques pescaron en aguas costarricenses, pero no aparecen registrados en el Incopesca, por lo que debe considerarse como pesca ilegal, o sea, piratas que deben ser llamados a cuenta. Solo por licencias no cobradas el Estado dejó de percibir $2.646.000 (49 buques x 1000 toneladas x $54).
La CIAT también reporta de 743 a 1649 lances sobre plantados (AJDIP/241-99, del 19/07/99), que son ilegales en Costa Rica debido a su alto impacto sobre atunes y especies pequeñas, por lo que debe solicitarse la identificación para cobrarles la multa correspondiente.
Decreto. El Estado está regalando y perdiendo sus recursos. Percibe muy poco ingreso por la captura de atún, mientras una grave crisis económica afecta al sector pesquero nacional. La propuesta ha sido ya formulada y solo falta ahora que nuestras autoridades tomen las decisiones oportunas para cambiar esta historia.
La publicación del decreto 38329-MAG, para limitar el uso de artes de pesca de cerco en nuestra zona económica exclusiva, dará inicio al modelo alternativo de aprovechamiento atunero para embarcaciones nacionales de menor escala.
Urgimos al Gobierno para que se informe de los alcances y las posibilidades para la puesta en marcha de este cambio. Los pescadores se han comprometido ya con operaciones pesqueras que cumplan criterios de pesca responsable y el decreto será sin duda el primer paso para generar mayores beneficios económicos y de ordenamiento pesquero para los costarricenses.
Enrique Ramírez Guier, director Ejecutivo de la Federación Costarricense de Pesca.