La inseguridad se siente, se vive, ¡se padece! No se inventa en el imaginario colectivo. Su magnitud no es un asunto de percepción, sino de realidades.
La persona transita sin miedo y con plena seguridad de que no sufrirá por el hampa; o, por el contrario, se supone potencial víctima en cualquier recodo del camino y asegura vehículos, no pasa por ciertas rutas… ¡toma precauciones!
Además, cada familia le pone a su casa verjas y candados, y quienes viven en condominio suelen pagar guardas que les garanticen seguridad.
En algunos sitios, incluso, se paga por protección en la vía pública, como es el caso de los pandilleros de Tejarcillos de Alajuelita que cobran ¢200 diarios a los escolares ( La Nación 9/6/2016), a modo de extorsión por no hacerles nada.
Por doquier, en nuestro país, asaltos, robos y hurtos son parte de la cotidianidad. Muchos casos se denuncian y han llegado a saturar las salas de juicio penal, por lo que la Corte ha propuesto que los juzgamientos por el delito de hurto se trasladen a los Juzgados Contravencionales, como lo explicó recientemente la directora de la Defensa Pública ( La Nación 30/6/2016).
Organización. En algunos barrios, la inseguridad ha generado organización. Algunas calles tienen las llamadas “agujas”, que han sido objeto de diversos votos de la Sala Constitucional: las agujas no pueden obstruir ni impedir el derecho fundamental a la libertad de tránsito vehicular y peatonal ni invadir el derecho de vía.
Un voto interesante es el número 3352-12, según el cual la asociación de vecinos de un residencial en Alajuela colocó una caseta de seguridad y un portón restrictivo del paso por la calle pública, y a una vecina (que no pagaba guardas de seguridad) se le impidió el ingreso al barrio y, con ello, a su casa.
La Sala declaró con lugar el recurso y ordenó al presidente de la asociación vecinal que no se impida u obstruya en forma alguna el ingreso de la señora y de quienes habitan con ella.
También en los barrios se han instalado “casetas”, a veces en la aceras o en los antejardines, incluso contraviniendo los reglamentos de las municipalidades, donde se indica que en el antejardín se autorizan estructuras con verjas, mallas o rejas que permitan una visibilidad a través del 80% de su superficie, por lo menos.
En el caso de San José, el Concejo Municipal puede otorgar permisos temporales y revocables para la instalación de casetas, en espacios públicos.
En Escazú, el plan regulador autoriza construir casetas de seguridad “siempre y cuando no sean piezas habitables completas, sino tipo oficina, con medio servicio sanitario (sin ducha) y que no sobrepasen los cuatro metros cuadrados en un solo nivel. No se admite que sobresalgan aleros o cualquier elemento arquitectónico fuera de la línea de propiedad”.
Otra realidad. Pero la realidad es otra, pues, según me cuenta la Dra. Rafaela Sierra, en varios sitios escazuceños las casetas son estrechas y no tienen el medio servicio sanitario, lo que compromete la salud de los guardas.
Al respecto, conviene comentar el voto número 7603-10 de la Sala Constitucional, según el cual en el Residencial Bosques de Doña Rosa (cantón de Belén), se construyó en zona pública una aguja y una caseta en la que permanecen “guardas de seguridad privada, que laboran para una empresa de seguridad privada, sujeto privado que se está favoreciendo económicamente utilizando en su beneficio zonas públicas. Cobran a los vecinos una cuota por el servicio de seguridad por el privilegio de pasar por las agujas sin ser molestados, porque les suministran un distintivo que deben adherir al parabrisas de los vehículos que pertenezcan a las familias que paguen”.
El recurso se declaró con lugar, y se le ordenó al alcalde la remoción inmediata de los obstáculos ubicados en la vía pública que restringen o limitan el acceso del residencial. También se ordenó a la empresa de servicios de seguridad abstenerse de impedir o limitar el acceso a dicho residencial.
“Guachimanes”. En algunas zonas (centros de ciudad, ferias, iglesias, entre otras), quienes pululan son los “guachimanes”, que ofrecen cuidar vehículos estacionados en la vía pública a cambio de dinero. Muchas veces, las personas nos sentimos extorsionadas por esta demanda de pago, que surge también ante la inseguridad de que puedan tachar o robar un vehículo.
Así, actividades que se suponen favorecedoras de seguridad, no pocas veces riñen con la ley, violan el derecho constitucional al libre tránsito, lucran con espacios públicos y las personas trabajan en condiciones inapropiadas (¡hasta sin acceso a sanitarios!).
Además, no todos los trabajadores son contratados por empresas de seguridad privada; muchos trabajan en forma independiente y establecen contratos al margen de la ley. Ni el guarda se inscribe como tal ante Tributación Directa y la CCSS, ni tiene un patrono definido que lo asegure y le pague el salario de ley, pues cobra una cuota a los vecinos.
El “guachimán” tampoco se inscribe como tal ni da recibos por sus servicios, haciendo lucro de un espacio público que no le fue concesionado.
Afrontar el complejo problema de la seguridad ciudadana debe llevarnos a revisar, integralmente, la situación de casetas en aceras y antejardines, y de “guachimanes” y otras formas de cuidadores en espacios públicos.
La autora es odontóloga y salubrista pública.