Respecto a la nota publicada, el pasado 28 de octubre, por el periódico La Nación , referente a una serie de nombramientos que ha realizado el Directorio legislativo en ejercicio, período constitucional 2014-2015, deseo hacer algunas precisiones, dado que mi nombre fue aludido en un contexto poco claro y falto de información.
De inicio, utilizar la expresión “a dedo” para señalar el modo en que se han realizado dichos nombramientos no se ajusta a la realidad de los hechos. En ese sentido, voy a referirme únicamente a la honrosa designación que sobre mí recayó a partir del pasado 1 de setiembre, y por la cual estoy agradecido con Dios, conociendo perfectamente la responsabilidad que ello implica, de cara a las funciones propias del primer poder de la República y frente a la República misma.
Para la elección del director interino del Departamento de Servicios Técnicos, el Directorio legislativo elaboró una nómina con base en lo dispuesto por el artículo 25, inciso b), del Reglamento de la Asamblea Legislativa (nombrar funcionarios que se necesiten para el buen funcionamiento de la Asamblea) y por lo regulado en el artículo 19 de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa (nombramiento para sustituir temporalmente a un servidor regular). Esa nómina estuvo compuesta por cinco personas elegibles al cargo, según sus atestados, es decir, siguiendo los criterios de idoneidad, de acuerdo con lo que dicta el mandato constitucional de rito aplicable en esta materia.
A propósito de lo anterior, cada una de estas personas cuenta con una vasta experiencia en el ámbito del derecho constitucional, en general, y del derecho parlamentario, en particular, la cual se plasma no solo en los grados académicos obtenidos por los postulantes, sino que se complementa, como debe ser, con una larga y proba trayectoria laboral en la Asamblea Legislativa.
En mi caso, soy licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica (1996) y máster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia (2005). Ingresé en la Asamblea Legislativa, el 1 de noviembre de 1998, en calidad de abogado asesor de la fracción política de la Unidad Social Cristiana, alcanzando una plaza interina en el Departamento de Servicios Técnicos a partir del 5 de febrero del 2002. Posteriormente, fui nombrado en propiedad en dicho departamento (29 de abril del 2004), nombramiento obtenido mediante un concurso interno (Nº 02-2004, con nota de calificación 90,87).
Desde esa última fecha, y por más de diez años, de manera ininterrumpida he desempeñado en el Departamento de Servicios Técnicos el cargo de asesor parlamentario en las siguientes comisiones: Comisión Permanente de Gobierno y Administración, Comisión Permanente de Asuntos Económicos, Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, Comisión Especial de Reglamento y en la Comisión con Potestad Plena Segunda. También he fungido, hasta hace dos meses, como asesor del Departamento de Servicios Técnicos para el Plenario Legislativo.
La decisión técnica del Directorio legislativo para nombrarme director interino del Departamento de Servicios Técnicos tiene sustento en los antecedentes antes mencionados, amén de que mi hoja de evaluación de desempeño durante todos mis años en la Asamblea Legislativa, y bajo diversas jefaturas, ha sido de “excelente”. Esto, sin mencionar mis atestados como profesor universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, situación que me ha permitido comprender aún más la importancia del Departamento de Servicios Técnicos en el proceso de formación de la ley y en la asesoría técnica para el ejercicio adecuado del control político, so pena, por mala praxis, de hacer nugatoria la aplicación de un principio supremo para nuestro sistema político: el principio democrático.
Fernando Campos Martínez, director interino del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.