En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una nueva forma de discriminación se hace presente en la sociedad: la violencia política.
No se limita a manifestaciones tan graves como amenazas, intimidaciones o desapariciones forzadas para no dejar optar a un cargo o dejarlo, como ha ocurrido y ocurre en otros países latinoamericanos, pero que se reflejan en acciones y omisiones diarias, que se dirigen contra la mujer por su sola condición de mujer.
Acciones que obstaculizan o generan interferencia en el acceso o el adecuado ejercicio de las tareas de las mujeres que ostentan cargos públicos, y cuyo objetivo es menoscabar o anular el reconocimiento y el ejercicio de derechos y prerrogativas inherentes.
Se trata de esas cosas tan simples o prácticas comunes que nadie cuestiona, como criticar la vida privada de las mujeres con un rigor que no se aplica a los hombres, la expansión de rumores, insultos y burlas veladas, indiferencia, comparaciones destructivas, descalificación de las propuestas que presentan las mujeres (no sabe nada, la nombraron por influencias), agresiones verbales basadas en estereotipos (las mujeres pertenecen a la cocina o esa mujer no ha aprendido que son los hombres los que mandan), la siembra de dudas en torno a la capacidad de mando de las mujeres o el preferir en los nombramientos a un hombre, sobre mujeres mejor calificadas.
Minusvaloradas. Nos referimos entonces a todos esos señalamientos negativos contra las mujeres que pretenden ingresar o han ingresado en determinados espacios de poder y toma de decisiones, solo por el hecho de ser mujeres, sin que se valoren sus capacidades como líderes.
Esto es real, un problema que se vive hoy y no algo que nos inventamos las mujeres para que “nos den todos los puestos aunque no estén capacitadas”.
En lo que respecta al Poder Judicial, a pesar de la creación y funcionamiento de una Comisión y de la Secretaría de Género, encargadas de promover la incorporación e institucionalización del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres en la Administración de Justicia, así como de la aprobación de una política de género para la institución, todavía no se han podido erradicar las desigualdades.
En la judicatura las mujeres ocupan en su mayoría, los puestos más bajos en el escalafón, y su ascenso a los cargos más altos se ha tornado muy difícil, lo que está documentado en diversos estudios.
Cabe recordar que recientemente se nombró a un hombre para ocupar la vacante en propiedad de representación de la judicatura en el Consejo Superior del Poder Judicial, dejando a ese órgano en clara desventaja respecto a la representación femenina, a pesar de que se postularon para el cargo muchas juezas altamente calificadas desde el punto de vista profesional y personal.
Retórica. Por otra parte, la Corte Plena, que es el órgano máximo en la organización del Poder Judicial, está integrada por 22 miembros, de los cuales solo 7 son mujeres (debe tomar nota la Asamblea Legislativa a la que corresponde el nombramiento de magistrados).
Lo anterior nos muestra que si bien existe un discurso de igualdad, este no va de la mano de los hechos y decisiones reales que lo desarrollen. Necesitamos más acción y menos palabras.
Hoy, 25 de noviembre del 2016, en la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, solicitamos una vez más a todas aquellas personas que tienen poder de decisión en la vida política de Costa Rica que no nos quedemos en solo palabras y discursos, sino que estos se transformen en acciones reales y positivas.
La autora es vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Juezas del Poder Judicial.