El país se encuentra en una encrucijada muy complicada en lo tocante a su situación fiscal. Aunque se conocen las medidas que se deben tomar para mejorar el rumbo de la situación (exceso de diagnósticos), por alguna extraña razón no nos atrevemos a actuar y dejamos empeorar las cosas.
No está demás decir que la crisis fiscal tiene incidencia importante en los balances sectoriales, a la vez que, directa o indirectamente, desmejora paulatinamente los indicadores de bienestar, como pobreza, desempleo, distribución del ingreso, informalidad y criminalidad.
Hoy, a las puertas de una campaña electoral, se presenta la oportunidad de profundizar en las discusiones y tomar medidas específicas para realizar los cambios que permitan superar las dificultades y vislumbrar un futuro mejor para la nación.
Reforma fiscal. Los que estamos al margen de la política, o conocemos muy poco de ella, no entendemos cómo los representantes de los partidos en la Asamblea Legislativa no han logrado un acuerdo para instrumentar una reforma fiscal que corrija de una vez por todas la tendencia creciente del déficit y de la deuda pública.
En cualquier caso, todo parece indicar que la reforma –si llega– habrá de transitar tanto por la vía de ingresos como de egresos y que el meollo de las discusiones deberá centrarse en las proporciones de los ajustes que requieren ambos conceptos, así como en el establecimiento de límites (reglas fiscales) en las razones de las variables claves respecto del PIB.
A corto plazo, el costo político de las acciones que se tomen para revertir esta nefasta tendencia lo compartirán el partido en el poder y la oposición. En el futuro, el beneficio será para el pueblo de Costa Rica, quien no tardaría en reconocer la gestión que se hizo bajo el actual gobierno.
Política fiscal. Dada una relación estable entre gastos finales del sector privado y el ingreso nacional, son los cambios en los gastos del gobierno, o en las tasas impositivas, los que, en forma multiplicativa, generan cambios en el PIB real y en el empleo –una de las funciones de política fiscal que permite aminorar los vaivenes de los ciclos económicos–. Pero para que esta política sea eficaz, es necesaria la flexibilidad en el gasto y en los ingresos.
Lamentablemente, esta se ha perdido en el tiempo, pues año con año el gasto se ha tornado más rígido debido al sobredimensionamiento del aparato estatal y a compromisos y ataduras legales en el manejo de los fondos destinados al pago de remuneraciones (salarios y pensiones), transferencias al sector privado –y al mismo sector público– así como al servicio de la deuda interna y externa.
Por el lado de los ingresos, la estructura impositiva no se ha modernizado según lo demanda el cambiante entorno nacional e internacional. La prueba más irrefutable de inacción es el no avance en la sustitución del impuesto de ventas por el IVA que ofrece una base impositiva más amplia y facilita el seguimiento de los flujos adeudados al gobierno, lo que mejora la recaudación.
Política monetaria. La rigidez fiscal repercute en otros escenarios de política, como la monetaria y cambiaria, a corto y mediano plazo; pero también en las políticas estructurales y de desarrollo, con efectos en plazos mayores. En el primer caso, las decisiones de la autoridad monetaria se han complicado por los continuos déficits y el acrecentamiento de la deuda, variables fundamentales que afectan el equilibrio del tipo de cambio y, eventualmente, de la inflación. Esto denota un país cada vez más estrujado, con pérdida de grados de libertad en el manejo de sus políticas económicas.
Como en las cuenta corriente y de capital los ingresos del fisco crecen a un ritmo menor que sus gastos, al no haber reforma fiscal y estar casi agotados los canjes de deuda para diferir los compromisos de pago, el gobierno se ve obligado a depender, cada vez más, de su cuenta financiera en busca de recursos frescos, bien sea en el mercado interno (con impacto en las tasas de interés) o en el exterior (más caros por la baja calificación de la deuda).
De no llevarse a cabo una reforma fiscal en lo que resta del año, en los entrantes estaremos discutiendo sobre lo mismo en procura de evitar la inminente debacle total. No hay vuelta de hoja, si seguimos difiriendo lo que de cualquier modo “debe” hacerse, a la sociedad le saldrá cada vez más caro el ajuste.
Si los diputados no pueden decidir, que lo haga el pueblo por referendo, aunque haya que modificar la ley.
El autor es economista.