Recientemente, presentamos a la corriente legislativa una reforma al Código de Procedimientos Penales y lo hicimos en la búsqueda de acortar plazos y hacer que el proceso se apegue a la garantía de justicia pronta y cumplida consagrada en el artículo 41 de nuestra Constitución Política.
La presentación se hizo en el marco de un foro al que concurrieron magistrados de la Sala Tercera, tanto su presidente, Carlos Chinchilla, como el magistrado Celso Gamboa. Asimismo se contó con la presencia del propio fiscal general, Jorge Chavarría, y del experto en derecho penal Alexánder Rodríguez. Todos coinciden en las bondades de la propuesta y la necesidad de fijar plazos a los procesos penales.
Estamos con alarmas encendidas, pues el proceso penal hace mucho tiempo dejó de lado la garantía de justicia pronta y cumplida, y los errores de diseño del actual Código Procesal Penal han pasado a ser asumidos como naturales por los operadores jurídicos, dígase jueces y partes en el proceso, con las nocivas consecuencias que esto ha traído.
La excesiva duración del proceso penal, entiéndase años y no meses, y las cifras que se manejaron ese día son alarmantes: hasta cuarenta y ocho meses, en promedio, en algunos casos, solo para fijar la audiencia de juicio, sin entrar a contar la posible apelación o la presentación de otros recursos. Dos años, en promedio, para señalamiento de la audiencia preliminar, ahí donde se determina si hay mérito o causa para seguir con el caso, pasando por los grotescos casi siete años que tiene comprometida la agenda de los tribunales de juicio de Puntarenas.
Esto nos demuestran con una evidencia contundente lo que la Corte Interamericana de Justicia ya ha venido advirtiendo: en Costa Rica, la duración del procedimiento penal no es razonable y causa violaciones directas a los derechos humanos, no solo del imputado, sino de víctimas y testigos.
Actuar ya. Esa es la razón y el motivo de nuestra propuesta de reforma procesal penal que ponemos en discusión en la corriente legislativa y que invitamos al debate amplio y abierto a la ciudadanía.
Hay que señalar plazos máximos a las distintas etapas del proceso y plazos perentorios, cuyo vencimiento acarrea responsabilidad gravísima, entiéndase despido para el funcionario responsable.
Hay que establecer plazos para la etapa de investigación, que sin embargo no debe estar judicializada, o debe tener una etapa preprocesal bien definida, y plazo para la audiencia preliminar, muy breve, pues incluso se ha pensado en suprimirla dado que se pervirtió o nunca se entendió su sentido original como un “filtro” de admisibilidad de la prueba.
Debe darse un traslado de competencias actuales del juez penal al Ministerio Público en lo que tiene que ver con aspectos eminentemente probatorios y existir un plazo para la etapa de juicio y para la celebración de la audiencia oral misma.
Asimismo, deben establecerse plazos para la etapa de impugnación, plazos todos perentorios y no ordenatorios como en la actualidad. Plazos todos para ser cumplidos efectiva e indefectiblemente, lo que reduciría la duración del proceso penal a un tiempo efectivo de once meses.
Propuesta bien recibida. Esa es la propuesta que presentamos a la ciudadanía, ese es el consenso que necesitamos como país para garantizar el principio de justicia pronta y cumplida.
Estas ideas, junto con otras, como la de convertir a la víctima en plena parte del proceso, son las que hemos presentado, y vemos con mucho optimismo que son bien recibidas por la academia, las autoridades del Poder Judicial, litigantes y operadores jurídicos en general.
Queremos revertir la erosión de confianza que genera un procedimiento que mantiene a víctimas y testigos en zozobra por años, mientras empodera al delincuente que se ampara en la dilación y extensión excesiva de procedimientos que solo por ese hecho lo favorecen y crean una sensación real de impunidad.
Nos satisface profundamente haber generado la reflexión que esperamos se convierta en un punto de inflexión y que permita a nuestra ciudadanía seguir confiando en nuestro sistema judicial.
Estamos optimistas de que esta acción pueda verse como un proyecto del país, necesario para todos, por encima de banderías y particularismos políticos.
El autor es diputado de la Alianza Demócrata Cristiana.