En los últimos meses, ha aumentado el número de crímenes violentos, muchos de ellos atribuidos a disputas entre bandas dedicadas al narcotráfico.
La gran alarma social producida por estos hechos ha sido aprovechada por distintos partidos políticos para urgir la aprobación de dos proyectos que, según afirman, son indispensables para combatir el trasiego de estupefacientes: la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada.
Lejos de ser verdaderas soluciones, las dos propuestas no son más que parte del mismo discurso populista que tantas otras veces impregna el mundo penal. Se presentan ambas como la pomada canaria que acabará con el narcotráfico, cuando, en realidad, poco o nada van a lograr en ese sentido.
Violación de principios fundamentales. La ley de extinción de dominio parte de una grosera presunción de culpabilidad e inversión a la carga de la prueba. Todo incremento patrimonial no justificado pasa a ser del Estado, aun cuando no existiera sentencia judicial que decretara la responsabilidad penal del dueño del bien ni el comiso de este.
Lo anterior, sin duda alguna, producirá una enorme inseguridad jurídica en los casos en que se dicten sentencias absolutorias en la vía ordinaria penal (descartando la existencia de un hecho delictivo) y al mismo tiempo se ordene, conforme a esta nueva ley, la extinción de dominio de los bienes del imputado absuelto por considerarse que proceden de un hecho delictivo. ¿Cómo se resolverá esta evidente contradicción?
Por otro lado, la ley que crea la jurisdicción especializada de delincuencia organizada supone los mismos problemas de violación a los principios de juez natural y de imparcialidad que existen actualmente en los tribunales de flagrancia. Jueces especialmente designados a procesos endurecidos y con menores garantías, diseñados para condenar con mayor facilidad a los enemigos, y no para juzgar ciudadanos.
¿Despenalización? Es verdad de Perogrullo que el derecho penal, lejos de desincentivar y reducir el tráfico de drogas, incide en buena medida en que sea una actividad lucrativa, pues cuando existe alta demanda la prohibición no detiene la oferta, simplemente aumenta su precio.
La penalización influye también en que este sea un negocio sumamente violento, por ejercerse siempre al margen de la ley.
Por otro lado, cuando se despenaliza la venta de drogas y el Estado regula la distribución, el precio cae y el tráfico ilegal –y la gran violencia que genera– comienza a desaparecer porque deja de ser necesario por la existencia de la competencia. Comprender esta realidad ha llevado a países como Uruguay, e incluso a varias regiones de Estados Unidos, a despenalizar la venta de marihuana con resultados exitosos.
La industria del narcotráfico se ataca así, con la ley de la oferta y la demanda, no con más normativa simbólica, que solo sirve para eliminar garantías ciudadanas fundamentales.
Es hora de que nuestros legisladores dejen de venderle al país remedios falsos que representan golpes de mesa vacíos, y no una verdadera solución a los complejos problemas de delincuencia que enfrentamos.
Gerardo Huertas Angulo es abogado.