El 95% de los servicios de agua y saneamiento alrededor del mundo continúan en manos de empresas públicas. No obstante, las grandes corporaciones del sector han realizado esfuerzos, apoyados por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para aprovecharse del deterioro de las empresas públicas e incursionar en estos importantes servicios, comercializando el producto más importante para la vida y el desarrollo humano: el agua.
Las modalidades de privatización del agua a nivel global son:
1. Venta total de los sistemas de producción, tratamiento y distribución por parte del Estado a favor de las empresas privadas. Ejemplos hay varios como Chile, Inglaterra y Gales.
2. Concesión para que las transnacionales se hagan cargo –por un tiempo determinado– de los servicios y el cobro por la operación y mantenimiento del suministro de agua y alcantarillado sanitario, como sucede en San Pedro Sula (Honduras), Francia, Suráfrica y otros.
3. Existe otro modelo “restringido”, en donde la entidad estatal contrata a una empresa privada para que administre la comercialización de los servicios, por un período de tiempo determinado.
Aunque estos tres modelos han sido aplicados en varios países del mundo, la más usada es la segunda opción. Por otra parte, existen otros dos tipos de mercaderes del agua: el primero es la venta solapada de agua a través de camiones cisterna, en poblaciones pobres en Asia, África y Latinoamérica.
El segundo es la aparición exitosa en el mercado de la comercialización del agua embotellada, actividad que ha presentado, en las últimas décadas, un crecimiento de 2 dígitos.
No obstante, el apoyo de BM y del FMI para privatizar los servicios de agua y saneamiento, los tres modelos clásicos originados en Francia en el siglo XIX han obtenido varios éxitos y muchos fracasos, debido a la ausencia de solidaridad social, el aumento de las tarifas y el incumplimiento en la construcción de proyectos y mejoramiento de los servicios, como ha sucedido en Buenos Aires, Cochabamba y otras comunidades de Asia y África.
En Costa Rica han existido varios intentos de privatización de los servicios de agua y saneamiento, aplicando el modelo 2 anteriormente mencionado, como fue el caso de la empresa española “N+1”, la cual pretendía obtener una concesión del acueducto y alcantarillado metropolitano. Dichosamente, la fuerte oposición de los funcionarios de AyA evitó que este contrato lograra concretarse.
Sin embargo, aunque la moda de privatización del agua ha disminuido, es necesario proteger nuestras empresas públicas administradoras de estos vitales servicios, aplicando el “antídoto” del fortalecimiento y modernización de la rectoría y operación de AyA.