La misión del Ministerio de Salud es dirigir y conducir “a los actores sociales para el desarrollo de acciones que protejan y mejoren el estado de salud físico, mental y social de los habitantes”. Es una gran tarea y una enorme responsabilidad.
Tal enfoque, cumplido a pie juntillas en el pasado por los jerarcas de Salud, desmejoró en la última década, y se nota el debilitamiento de la misión institucional a causa de intereses externos que se anteponen al derecho más sagrado que tiene un ser humano: la salud. Algunos ejemplos son:
1. Ausencia de reglamentación de la Ley 10066 a más de dos años de la promulgación y pese a que concedía al Poder Ejecutivo, en el artículo 18, un plazo de tres meses para redactarla y ejecutarla.
La ley impone las mismas prohibiciones del cigarrillo a los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y sistemas similares sin nicotina (SSSN).
2. La extendida publicidad de los vaporizadores, que se mantiene por la libre, con pocos controles del Ministerio de Salud, es un incumplimiento de la Ley 9028 y su reglamento.
3. La desidia de unos pocos diputados que no defienden la salud pública, pese a que en el país los costos económicos y sociales de la atención de enfermos a consecuencia del tabaquismo superan los ¢300.000 millones al año.
El martes 9 de abril, en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el Ministerio de Salud, representado por el viceministro Mario Urcuyo, quien fue acompañado por Esteban Solís y Hannia Fonseca del programa de control de tabaco, desestimaron el apoyo al proyecto de ley 23880, con el cual se pretende sustituir los impuestos sobre los cigarrillos por un gravamen específico, que aumentaría en un 30 % el precio final.
Los argumentos de Urcuyo y su equipo fueron que “no necesariamente” subir el precio conduciría a una reducción del consumo y que si alguien deja de fumar porque no le alcanza el dinero “la probabilidad de que caiga en otra sustancia, o que recurra en un momento en que sí tenga fondos para consumir, es más alta”.
Desde la óptica de los funcionarios de Salud, sería mejor seguir fumando. ¡Pobre conclusión de quienes tienen como misión dirigir y conducir el “desarrollo de acciones que protejan y mejoren el estado de salud físico, mental y social de los habitantes”!
¿Habrán olvidado el viceministro Urcuyo y los funcionarios a cargo del control del tabaco que 2.174 costarricenses mueren y 16.000 nuevos enfermos aparecen cada año a consecuencia del tabaquismo, que la atención de estas enfermedades carga anualmente ¢166.000 millones al sistema de salud, que hay estudios realizados en América Latina que determinan que los aumentos en los impuestos reducen el consumo de cigarrillos, que nuestro país suscribió y ratificó en el 2008 el Convenio Marco de Control de Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud?
Prefiero pensar en olvido que en intereses que anteponen lo económico a la salud y la vida humanas, que compran y manipulan conciencias, que benefician a unos pocos en lugar de la colectividad.
El aumento de impuestos es una medida muy eficaz para reducir el consumo de cigarrillos, y se considera una de las intervenciones con mayor impacto en la disminución del consumo de tabaco, ya que desalienta a los jóvenes a comenzar a fumar cigarrillos y alienta a los fumadores a dejar de hacerlo.
A pesar de la enorme carga que supone fumar, los productos de tabaco siguen siendo demasiado asequibles en la región.
El proyecto 23880 (Ley para la Responsabilidad Social en el Consumo de Tabaco) es concordante con los compromisos adquiridos por Costa Rica en el 2008 y la Ley 9028 (Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud) vigente desde el 2012 y con avances incuestionables en beneficio de la salud pública.
El aumento del impuesto sobre los cigarrillos, contemplado en el proyecto 23880 que se discute actualmente en la Comisión de Hacendarios, es un gravamen saludable desde cualquier ángulo que se mire, ya sea físico, mental, social o económico.
Lástima la miopía de la institución rectora de la salud, que en el pasado fue gestora de grandes éxitos para el país; sin embargo, a raíz de la actitud de quienes la dirigen y representan, ha decaído.
El autor es miembro de la Junta Directiva de la Red Nacional Antitabaco (Renata).