El sistema educativo parece haber estado navegando por aguas turbulentas durante casi dos décadas y una vez más el Informe Estado de la Educación presenta desafíos persistentes desde su primera publicación en el 2005.
El principal hallazgo no es que estamos involucionando o que los efectos del apagón educativo siguen y se han multiplicado, sino que corrobora que estamos bajo los efectos de una ola epidémica con propiedades exponenciales, es decir, en cada medición se ve que, en vez de mejorar, los problemas se multiplican y las brechas se ensanchan.
Desde el 2005, uno de los desafíos mayores es la mejora de la calidad educativa. Aunque ha habido avances, aún existe un número significativo de estudiantes que no adquieren las habilidades y conocimientos necesarios en matemáticas, ciencias y lenguaje, lo que perjudica su trayectoria educativa y oportunidades futuras.
Como explica el informe, la revisión y ajuste continuos de los planes de estudio y la formación y actualización ininterrumpida de los docentes no son los más adecuados. Se ha hecho énfasis en metodologías activas y participativas que promuevan un aprendizaje significativo, pero, a su vez, subsiste la necesidad de realizar evaluaciones eficaces para detectar tempranamente las oportunidades y puntos de mejora en la formación estudiantil. Podríamos llamar a este primer componente calidad educativa y desarrollo de competencias básicas.
Un segundo desafío apunta a cómo las universidades públicas y el sistema educativo básico —primaria y secundaria— afrontan dificultades financieras que amenazan su capacidad para mantener la calidad y la innovación en sus programas.
Cada informe insiste en la necesidad de fortalecer los vínculos entre las universidades, la industria y otros sectores para fomentar la innovación y garantizar una educación relevante y acorde con las demandas del mercado laboral. Este segundo factor tiene que ver con innovación y financiamiento de la educación superior.
El tercer desafío es abordar las inequidades y brechas estructurales. Costa Rica ha demostrado una preocupación constante por reducir las desigualdades socioeconómicas que afectan la educación, pero parece ser una misión imposible. Existen grandes brechas entre las zonas urbanas y rurales, y entre las instituciones públicas y privadas.
Este reto requiere una serie de políticas inclusivas y programas destinados a asegurar que la totalidad del estudiantado, independientemente de su origen socioeconómico, reciba una educación de calidad.
El principal problema es que durante más de 20 años afloran los mismos problemas, con enfoques o palabras nuevas, y se constatan los mismos retrasos e inconvenientes.
Muchas soluciones salen siempre a la luz, y algunos dirían que honrar el 8 % del PIB solucionaría todo, pero, si analizamos la tendencia, por más esfuerzos que han hecho las administraciones desde principios de este siglo nunca se ha alcanzado la meta ni la tendencia evidencia que se pueda cumplir, ya sea por desinterés de la administración o por falta de visión.
Otras tesis mencionan que la ausencia de liderazgo y toma de decisiones es lo que nos trajo a este momento, pero debe analizarse que desde el 2003 hemos tenido ocho jerarcas a cargo del MEP. Solo la administración Alvarado experimentó tres cambios, entonces, es considerable pensar que el problema radica en la pobre visión de los mandatarios para hacer un giro que realmente sea significativo.
Hay quienes dirían que el cambio en los métodos de evaluación —durante 30 años se hicieron las pruebas nacionales de bachillerato, luego las pruebas FARO (2021) y ahora las pruebas nacionales estandarizadas— nos pasa la factura, pero la realidad es que por más evaluaciones los estudiantes y los indicadores educativos no prosperan, con excepción del período de la pandemia, durante el cual el efecto de la virtualidad propició que las tasas de repitencia bajaran significativamente y las cohortes pasaran casi que íntegras de un año a otro.
Mi tesis es otra. Si Costa Rica hubiera planificado el sistema educativo como los países del primer mundo construyeron las carreteras, es decir, en vías de 6 y 8 carriles en lugar de un carril de un solo sentido, o si hubiéramos pensado en desarrollar un sistema ferroviario con múltiples conexiones, manejo de 2 o 3 idiomas, habilidades blandas, matemáticas y carreras STEM, no estaríamos viajando en un tren que nos lleva de Alajuela hasta Cartago por la ruta más ineficiente y menos interconectada.
¿No aspirábamos a ser una Costa Rica bilingüe? Hoy, las familias no deberían considerar la necesidad de endeudarse para que sus niños aprendan inglés o pagar tutorías porque su hijo no supera las barreras del aprendizaje en lectura y escritura, y no debería haber una ministra de Educación que lo promueva.
Tampoco, las familias deberían pensar en trasladar a sus hijos a centros privados porque los docentes decidieron abandonar su puesto, o porque el sistema es tan ineficiente que no es capaz de nombrar docentes a tiempo. ¿Qué dirían nuestros abuelos formados en escuelas y colegios públicos, donde no existían brechas entre ricos y pobres, sino un insaciable deseo de aprender y una dedicación incansable de los educadores por enseñar, y estudiar era un privilegio y una obligación?
Costa Rica debe crear múltiples oportunidades para reconfigurar su futuro educativo, como lo hizo cuando decidió abolir el ejército y seguir un modelo diferente, o cuando revirtió el proceso de deforestación.
Esta responsabilidad no recae únicamente en un ministerio o en las universidades. Como menciona el Informe Estado de la Educación del 2021, demanda un pacto nacional, una propuesta que, tristemente, parece perder fuerza.
agustin.gomez@ucr.ac.cr
El autor es coordinador de la Unidad de Estadísticas del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo e investigador de OMIPYME+ de la Universidad Estatal a Distancia.