La situación del levantamiento del veto que desafecta el uso de la calle 13 bis, con el fin de que esta permanezca tomada por artesanos y vendedores ambulantes, no sólo es un error desde el punto de vista del respeto a la autonomía municipal, sino que desconoce más de dos décadas de negociaciones y diálogo entre las autoridades locales y estas personas, con el fin de dignificar sus condiciones laborales y mejorar el aseo, el ornato y, en general, la calidad de vida en los espacios urbanos de la capital.
Hay que recordad que, hace más de 20 años, cuando San José pasaba por una dura etapa de despoblamiento y de pérdida de funcionalidad, con el éxodo del co mercio y de las instituciones desde el centro hacia la periferia, y era esa una época en la que la ciudad parecía un mercado persa, a merced de un comercio irregular e ilegal que vulneraba los intereses de los negocios legalmente establecidos y, sobre todo, el derecho al libre tránsito de la ciudadanía, cuando los “chapulines” campaban a sus anchas y atemorizaban a la población que habitaba y visitaba el centro capitalino, desde el honorable Concejo Municipal de San José, y con la mediación del Centro Coordinador de Evangelización y Realidad Social (Cecoders), con los buenos oficios del sacerdote Orlando Navarro y con la participación de la Defensoría de los Habitantes de la República, se inició un complicado y delicado proceso de diálogo, con el que se pretendía un acercamiento que evitara bochornosas escenas como la del apedreo del antiguo edificio municipal de la avenida segunda, efectuado por los vendedores ambulantes el 22 de julio de 1991.
Espacio temporal. En ese proceso se incluyó a un grupo de artesanos que, años atrás, habían desarrollado una “feria de artesanía” que se realizaba los fines de semana en las inmediaciones de la Plaza Juan Mora Fernández, pero que, para la mitad de la década de los noventa, ya habían ocupado ese espacio público, la entrada al Teatro Nacional, el frente del Gran Hotel Costa Rica y parte de la Plaza de la Cultura, y que ejercían sus actividades comerciales todos los días de la semana.
En aras de renovar la ciudad, mejorar su paisaje urbano, su habitabilidad y su funcionalidad, así como la calidad de vida de su ciudadanía, la Municipalidad otorgó a ese grupo, de manera temporal, la oportunidad de trasladarse a la calle 13 bis, en las inmediaciones de la Plaza de la Democracia, sobre la base de un compromiso serio e ineludible de que, cuando hubiese una solución definitiva, los comerciantes se comprometerían a aceptarla.
Desde entonces, la calle 13 bis fue una “zona de tregua”, que implicaba que las y los artesanos instalados allí –quienes empezaron a invadir ilegalmente las aceras y parte del espacio público de la Plaza de la Democracia–, se encontraban en situación de precario.
Ante el acuerdo entre el gobierno de Óscar Arias y la Municipalidad de San José para ceder el terreno correspondiente a lo que se conocía como el “Frontón”, que ocupaba el Ministerio de Seguridad Pública, el gobierno local inició, siempre con la anuencia de los artesanos, la construcción de un moderno Mercado de Artesanías, que reuniría las condiciones necesarias para que los comerciantes realizaran su trabajo dignamente, con las condiciones de salubridad necesarias y en un ambiente de orden y aseo, en un punto estratégico de la ciudad, frente a la Plaza de las Garantías Sociales, entre los bulevares del Paseo de la Unión Europea (avenida 4) y el Paseo de los Estudiantes, a tan solo 200 metros de la entrada principal del Teatro Nacional.
Luego de varios años de trabajo, de una inversión cercana a los ¢1.800 millones, –que una buena cantidad procede de los impuestos municipales que paga la ciudadanía josefina–, por fin el nuevo Mercado de Artesanía se hizo realidad en este 2014. No obstante, sobre la base de una promesa espuria, los artesanos han deshonrado su acuerdo con la Municipalidad de San José y, ante la oferta vacía del gobierno de la República, de que la calle 13 bis, que es un bien demanial del ayuntamiento, será dedicada para construir otro mercado, ahora se niegan a trasladarse al nuevo inmueble municipal, como había sido acordado anteriormente.
Esto incluso contraviene la decisión del Ministerio de Salud, que ante las terribles condiciones sanitarias del emplazamiento de la calle 13 bis había decidido, en ausencia de un plan remedial, desalojar a los artesanos.
Un llamado. La ley que desafecta la calle 13 bis de su uso como vía pública no considera una realidad evidente: la autonomía municipal le otorga a la Municipalidad de San José la administración y, por lo tanto, la definición de lo que se hará en esa vía. Asimismo, no toma en consideración la situación de las aceras, que son propiedad privada de uso público, las cuales no pueden ser bloqueadas, porque afectan el derecho constitucional al libre tránsito por la ciudad.
Sobre la base de la historia de las negociaciones con los artesanos, de la existencia de un mercado con todas las condiciones para que se trasladen a él y de la inoportuna intervención del ejecutivo central en un problema de rectoría municipal, esta Municipalidad espera que, más temprano que tarde, los comerciantes acepten su traslado al inmueble anexo a la Plaza de las Garantías Sociales, un hito que el sector turístico que opera en San José está dispuesto a incluir en sus recorridos de turismo urbano y en sus recomendaciones para quienes visitan el país.
El diálogo y la vocación de alcanzar acuerdos, con el objetivo de beneficiar tanto a la ciudad y a su ciudadanía como a los artesanos, es lo que ha guiado este proceso de más de veinte años, por lo que el ayuntamiento hace, respetuosamente, un llamado al Gobierno de la República y a los comerciantes para que reconsideren sus posiciones.