Presenciamos un renovado interés de las Iglesias por incidir en la educación pública. No solo hacen propuestas educativas basadas en principios religiosos, sino que procuran tener representación en el Consejo Superior de Educación para promover cambios en consonancia con sus creencias religiosas, que si bien son muy respetables, no son las únicas y no deben ser impuestas por decreto.
Solicitaron incluso el cambio del logo del MEP, porque —según su ética fundamentalista paranoica— interpretan que los puntos decorativos sobre la letra M es un mensaje subliminal de carácter sexual.
Los puntos representan, en realidad, la estilización de las figuras humanas que interactúan entre sí.
La educación pública está siendo acechada y acosada por el conservadurismo religioso católico y evangélico. Ante este peligro real y presente, las autoridades del Ministerio de Educación Pública están obligadas a hacer valer el principio de neutralidad religiosa del Estado costarricense en materia educativa.
Este principio, al que recurre la Sala Constitucional en el voto 2023-2010, se fundamenta en la Constitución Política: los constituyentes, dice la Sala IV, regularon de forma separada religión y educación.
Según este principio, afirman los jueces, “los poderes públicos deben asumir una posición aconfesional en el terreno educativo para promover y fomentar la diversidad y libertad religiosa”.
La Sala Constitucional es sumamente clara al afirmar que “conforme al principio de la neutralidad religiosa, los poderes del Estado deben interpretar los conceptos constitucionales con fundamento en criterios de aplicación neutrales y que resulten válidos para todos, esto es, de manera no confesional o vinculada a una creencia religiosa en particular”.
El Ministerio de Educación, por lo tanto, no debe ceder a las presiones de las Iglesias que buscan imponer sus puntos de vista particulares en la educación pública. Las Iglesias ya tienen sus espacios bien organizados en las diferentes pastorales, y le corresponde al Estado resguardar la libertad de culto.
El artículo 1.° de la Constitución indica que somos un Estado pluricultural y multiétnico. Esa pluriculturalidad incluye las diversas culturas religiosas y tradiciones espirituales presentes en el país.
Además, es imperativo tomar en cuenta a las personas que no profesan ningún credo religioso y a las cuales el Estado debe garantizar la protección y el resguardo de su derecho de no creer.
Se trata de considerar una diversidad amplia y creciente que debe ser garantizada por el Estado, tomando en cuenta el principio de neutralidad religiosa en materia educativa.
Ese mismo artículo de la Constitución Política indica que somos una república. En el mismo voto 2023-2010, los jueces recuerdan una significativa consecuencia de nuestra condición republicana: “Así, el artículo 1.° de la Constitución Política, a partir de la proclamación del Estado costarricense como una república, supone la consagración del principio republicano al que es consustancial la secularización de la esfera pública —a la que pertenece el sector educativo— y, por consiguiente, el respeto de la libertad religiosa y de la neutralidad confesional del Estado en esa órbita”.
Si el Ministerio de Educación Pública cede a la presión de los grupos religiosos neoconservadores, estará negando el espíritu republicano de la Constitución y, a la vez, desconoce la modificación del artículo 1.° realizada en el 2015.
Tal modificación representa un avance y un acto de justicia frente al desconocimiento e invisibilización de grupos y culturas ancestrales que han contribuido a la conformación de la identidad costarricense y con los cuales se tenía una deuda histórica.
Afortunadamente, no todas las Iglesias están involucradas en esta búsqueda de espacios de poder político para moldear la educación pública a partir de fundamentos religiosos.
Muchas Iglesias evangélicas se desligan de tales pretensiones. Y cada vez más personas evangélicas y católicas son conscientes de la necesidad de que seamos un Estado laico respetuoso de los derechos humanos.
Lo que sí debería ser una preocupación de la población es trabajar en pos de alternativas para superar los vacíos profundos del sistema educativo que se han agudizado con la pandemia y que amenazan con profundizar brechas entre niños y adolescentes, y que afecta a quienes carecen de las herramientas necesarias para enfrentar con equidad los retos de una sociedad que les exige estándares que no se ofrecen en la educación pública.
Kattia Isabel Castro, Nelise Wielewski y José Mario Méndez son profesores universitarios.