El 12 de enero, en el programa Nuestra voz, escuché al ministro de Comercio Exterior plantear las necesidades del sector para el año 2024. Muy atinados sus planteamientos. Me llamaron la atención sus observaciones sobre la necesidad de eliminar engorrosos, repetitivos e innecesarios trámites a los que son sometidos los productores.
Dijo que se abocará a la tarea de seleccionar la normativa con el fin de simplificar trámites que apoyen la productividad para así crear mayores fuentes de trabajo.
El ministro tiene razón. Tenemos demasiados requisitos y procedimientos innecesarios que hay que eliminar o, cuando menos, corregir, y hacerlo es prioritario.
Pero me preocuparía mucho si esa agilización de los procesos implicara el incumplimiento de la normativa sobre el ambiente y la salud, en la que el país ha puesto mucho trabajo y esfuerzo, y que colateralmente sostiene una enorme cantidad de fuentes de ingreso y trabajo, entre ellas el turismo, que es atraído precisamente porque sabemos salvaguardar nuestra naturaleza que sostiene nuestra vida y la de los demás seres vivos. (Coherencia lo llamo yo).
En La Nación del 7 de enero, leí en el artículo “El país está profundizando su deuda ecológica” que el informe del Estado de la Nación sobre ambiente señala que, aunque tenemos acuerdos internacionales y leyes y decretos nacionales para disminuir nuestra contaminación, el presupuesto para vigilar y exigir su cumplimiento decrece, y por lo tanto decrece el cumplimiento de la normativa.
Si bien es preciso incrementar la producción para generar fuentes de trabajo, esto nunca debe hacerse a costa del incumplimiento de la normativa social y ambiental. La economía debe fortalecerse para salvaguardar la vida de los habitantes a corto, mediano y largo plazo. Y no para deshacer el ambiente para comer hoy y morir mañana por esa misma causa.
El ministro de Comercio puede hacer ambas cosas simultáneamente: eliminar trámites innecesarios y engorrosos para que las empresa puedan trabajar mejor, y hacer cumplir la normativa necesaria, con la ayuda de la empresa privada, los medios de comunicación y de todos los costarricenses.
Si la protección ambiental nos pone en lugares relevantes y con eso creamos trabajo, los empresarios podrían poner de su parte para desarrollar ingeniosas formas social y ambientalmente sostenibles, sin que sea necesaria la vigilancia y exigencia del Estado.
No debería ser necesaria la vigilancia del Ejecutivo, por ejemplo, para que la basura, las aguas negras o los desechos químicos de las empresas no se arrojen en los ríos. No deberían ser necesarios los presupuestos para vigilar que no se produzca la tala en bosques protegidos, cuando es un hecho que la normativa se ha aprobado mediante el acuerdo de todos nosotros, porque nuestros representantes, es decir, los que hacen la normativa, la han pasado por el tamiz de la democracia que decidió que entre todos salvaguardaremos el presente y el futuro de la patria.
Pienso que las cámaras patronales, asociaciones de desarrollo y ONG podrían colaborar acorde si recuerdan a sus afiliados que como costarricenses las leyes están para ser cumplidas, y debería ser suficiente que existan para que las cumplamos.
Una iniciativa para recordarlo públicamente nos caería muy bien. De lo contrario, será la autoeliminación… sin percatarnos. Y eso no lo queremos.
jzurcher@mac.com
La autora es filósofa.