El Ministerio de Seguridad Pública es la institución responsable de la protección de la soberanía nacional, de la vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los habitantes.
Lo anterior mediante el desarrollo de acciones eficaces para la prevención del delito, colaborando en represión y apoyando la defensa de los recursos naturales, en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, bajo los principios de honestidad, disciplina y espíritu de servicio.
Las prioridades institucionales establecidas en el proyecto de presupuesto son: prevención del delito, control de la violencia y la criminalidad, fortalecimiento institucional, profesionalización y capacitación policial.
En materia de buen gobierno, el presupuesto adquiere un valor central porque son los recursos los que permiten materializar las promesas de campaña, más aún en un campo donde históricamente no se ha invertido lo que el país necesita.
El objetivo de una política de Estado en seguridad ciudadana es proteger a los habitantes contra el delito, resultado de la violencia y el despojo tanto de su vida como de sus bienes. El delito es fundamentalmente una violación a los derechos de una persona concreta: la víctima.
Vemos cómo durante el 2015 se produjo una disminución del 13,4% en asaltos a viviendas y un 12,9% en el robo a edificaciones en relación con el año 2014. También los asaltos en autobuses de transporte de personas presentaron una reducción del 32%, y esto evidencia lo que ofrecí cuando asumí: atacar los delitos comunes. Sin embargo, tales resultados positivos deben motivarnos a trabajar aún más y para ello requerimos de más y mejores recursos.
No debemos olvidar que en un contexto creciente de preocupación por la seguridad, esta ocupa un lugar central en el debate sobre políticas públicas y nos obliga a replantear tanto los ejes de discusión acerca de este fenómeno social, así como los enfoques de investigación y análisis.
Una de las tantas interrogantes que guiaron esta reflexión se refería a la existencia o no de una política de seguridad ciudadana en Costa Rica y al presupuesto destinado a esta.
Como es evidente, el Parlamento costarricense se orienta hacia la búsqueda de un marco legal y constitucional que desarrolla la seguridad ciudadana y el tratamiento alternativo de la violencia y la delincuencia. No obstante, hay serios problemas que involucran a actores nacionales y locales, así como amenazas inmediatas a la seguridad interna que determinan el desarrollo de una política de seguridad con un marcado énfasis en lo preventivo y en la lucha contra la delincuencia organizada, dejando de lado problemáticas igualmente serias que afectan el bienestar de los ciudadanos y que contribuyen a potenciar las diversas manifestaciones de violencia.
No cabe duda de que los esfuerzos importantes en seguridad ciudadana han corrido por cuenta de gobiernos visionarios que se han decantado por la inversión en seguridad ciudadana que trae aparejados réditos tangibles para la sociedad costarricense.
En este sentido, es clave y necesario el desarrollo de una política de seguridad ciudadana clara y amplia, que no solamente considere los aspectos del combate de la violencia y el crimen mediante el incremento de medidas de control, sino que promueva medidas de prevención y rehabilitación, y que considere, como parte de sus ejes, la política social como forma de brindar protección y bienestar a la población y como mecanismo de prevención de la violencia y la delincuencia a mediano y largo plazo.
El viraje hacia una política en este sentido requiere, además de la voluntad política, un cambio en la disposición presupuestal y en los destinos de los recursos asignados al gasto (yo lo llamo inversión) en seguridad, pues en los últimos años dicho gasto se ha incrementado para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública.
Desafortunadamente, el no considerar la seguridad ciudadana como un eje importante para cualesquiera de las actividades de nuestra sociedad, refleja un desinterés político en lograr una mejora sustancial en los estándares de seguridad ciudadana costarricense.
Para muestra un botón: Costa Rica sufre un entrabe total en la posible aprobación al impuesto a las sociedades anónimas. No obstante, muy válidamente, la población y los señores diputados exigen resultados de primer mundo en la seguridad ciudadana, cuando no tenemos voluntad política siquiera para generar una inversión tercermundista que vuelve a condenar la policía costarricense a ser una policía que mendiga en el resto del mundo para procurarse recursos y dar sostenibilidad.
Se obliga a Costa Rica a pedir regalado a otros países para cuidar a los costarricenses de los propios costarricenses.
Es evidente que los contribuyentes de otras naciones podrían plantearse la válida cuestión sobre cuál sería su ganancia al invertir sus impuestos para financiar la seguridad ciudadana de otro país lejano.
Bueno, pues pareciera que esta es la ruta a la que se está condenando al Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica. Sí, inverosímil pero cierto, condenados a mendigar con países amigos contribuciones específicas para solventar necesidades inmediatas y a largo plazo que afrontara Costa Rica.
Además, esto nos pone frente a una total y absoluta falta de equidad en la prestación del servicio de seguridad ciudadana.
Viene así otro tema, el incremento de la seguridad privada y de “la justicia popular” que es una consecuencia inmediata de la pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal.
Esto adopta dos formas fundamentales. Por un lado, los sectores sociales más adinerados compran su seguridad, mientras que los pobres asumen el “vigilantismo”, porque no pueden permitirse el lujo de contratar a personal privado de seguridad.
La seguridad privada es un negocio bastante rentable a escala mundial. Un analista sostiene que ese régimen policial privado no puede ser entendido sino como un complemento a la débil seguridad pública: la empresa privada busca, sobre todo, proteger los intereses de su cliente, mientras que la policía defiende los derechos de los ciudadanos.
Las compañías privadas se preocupan fundamentalmente por evitar pérdidas económicas, más que en determinar quiénes son los autores del delito. En particular, la forma discreta en que el personal privado de seguridad actúa responde a los intereses de su empleador y no al concepto de interés público.
Es así que quienes cometen algún delito solo serán llevados ante el sistema de justicia si ello es conveniente a los intereses del cliente.
Es frecuente escuchar expresiones alarmadas acerca de que estas compañías privadas se están convirtiendo en “miniejércitos” y que ello supone una amenaza política considerable.
Pese a lo mencionado líneas atrás, el Gobierno de la República sigue buscando voluntad política en la Asamblea Legislativa para que, sin dilación alguna, aprueben el impuesto a las sociedades anónimas. Nos urge contar con un presupuesto robusto para brindar a la ciudadanía la calidad de seguridad ciudadana que este país merece.
No desconozco el gran esfuerzo de la administración anterior en materia de seguridad ciudadana; sin embargo, es nuestra obligación darle sostenibilidad.
Y esta sostenibilidad solo se garantiza con un contenido presupuestario potente, un contenido presupuestario que nos permita cubrir a la totalidad de la población nacional.
Una vez más, reitero el carácter fundamental de aprobar los recursos para la seguridad ciudadana, y, a la vez, considero innecesario advertir las consecuencias que a diario los costarricenses están resintiendo.
La seguridad ciudadana es de todos y en función del bienestar de todos. Aportemos a ella y veremos resultados aun mejores.
El autor es ministro de Seguridad Pública.