La propuesta para limitar el otorgamiento de libertades anticipadas nos acerca a las recetas de países como Ecuador, Guatemala, Perú, Honduras o El Salvador con resultados desastrosos.
Entiendo que en este momento es difícil argumentar en contra, pero conviene hacerlo porque el precio a mediano plazo tendrá costos sociales perversos.
Empecemos por aquello de lo que nadie ha hablado: la plata. Si el Estado está dispuesto a aumentar el tiempo de encierro, debe dar recursos. Nada se ha dicho sobre cuánto crecerá el presupuesto para contratar más personal —sobre todo profesional— y para nuevas construcciones.
La experiencia es contundente. Cuanto mayor sea el encarcelamiento, de manera progresiva se pierde el control sobre los penales y el crimen organizado fácilmente los absorbe.
Las talachas guatemaltecas o las megacárceles ecuatorianas son el mejor ejemplo: hay centros en los cuales los policías no entran porque son administrados con violencia e inusitada crueldad por grupos delictivos, desde donde siguen cometiendo delitos que se padecen intramuros y extramuros.
Para evitarlo, la única forma es dotando al sistema penitenciario de fondos suficientes para que las cárceles no se conviertan en escuelas de más crimen y más violencia.
Pobreza y desempleo
Por otro lado, fijar las restricciones por el tipo de delito y no por el perfil de la persona es un error que traerá graves injusticias. Dos ejemplos, el primero, hace unos días, en Heredia, una mujer fue condenada por homicidio simple, por haber matado a un hombre que la agredió sexualmente mientras se encontraban en una fiesta. Ambos estaban ebrios.
El segundo, un grupo de pescadores puntarenenses sin empleo fueron sentenciados a ocho años de prisión por haber usado sus lanchas para recoger drogas. Esa fue su única participación, motivada en el empobrecimiento y el desempleo.
¿Alguien puede creer que en estos dos casos —hay cientos parecidos— la solución sea mantener más tiempo encerrada a esa gente como norma general?
Desafortunadamente, es lo que pasará si únicamente se atiende la calificación jurídica —homicidio y tráfico de drogas— con el impacto que ello supondrá tanto en el condenado como en sus hijos y familiares, y el propio erario, porque el criterio no serán las circunstancias que rodearon los hechos.
Es fácil pensar que las limitaciones propuestas van a alcanzar solo a quienes secuestran nuestra paz y tranquilidad. Costa Rica ha elevado las penas y endurecido los requisitos de egreso penitenciario de manera sostenida en los últimos 30 años.
De nada sirvió. El 2023 es el año más sangriento de nuestra historia; en el imaginario colectivo, existe la creencia de que las sanciones más altas se aplican a sádicos homicidas o despiadados narcos enriquecidos con el comercio de las drogas, pero la realidad es distinta. No es mentira que en nuestro país robarse unos snacks de un supermercado puede implicar entre 5 y 15 años de prisión, y eso es demencial.
Errores en Latinoamérica
No tengo dudas de que castigar con más dureza a quienes participan en hechos violentos sea razonable. También, que en la concesión de beneficios debería haber mayor claridad de las competencias del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Esto, por cierto, también debe ir acompañado de la contratación de más jueces, fiscales y defensores públicos que garanticen que los procedimientos se realicen sin retrasos y conjurando todo riesgo de corrupción.
Los últimos años he recorrido con equipos de la ONU muchísimos centros de detención de América Latina, la estupefacción con la que termino esas visitas siempre me lleva a pensar que, a pesar de todo, contamos con la lucidez de no haber cometido errores tan graves.
La única alternativa es fijar la atención en los perfiles de quienes pueblan las prisiones antes de decidir su libertad, de tener a los mejores psicólogos, criminólogos, orientadores y trabajadores sociales para el abordaje técnico, y diseñar las redes interinstitucionales más eficientes que incluyan robustas políticas sociales de Estado. Las categorías genéricas casi siempre afectan a los mismos sectores sociales.
Estoy convencido de las buenas intenciones de quienes apuran que estas reformas se aprueben. Por eso mismo, creo también que el país es capaz de consensuar soluciones más sensatas, no para defender al delincuente, sino porque el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Fijar la mirada en qué ha sucedido cuando nuestros vecinos se decantaron por idénticas medidas podría ser una buena idea.
mfeoliv@gmail.com
El autor es experto independiente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.