Después de la aprobación de la ley de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil en el 2014 por la Asamblea Legislativa, los recientes cambios aprobados por la Caja Costarricense del Seguro Social en las formas de aseguramiento que los patronos pueden hacer a las trabajadoras domésticas con jornadas parciales, figuran entre los avances más importantes que el país ha tenido en la última década en materia de equidad de género y desarrollo social. Se trata de dos logros notables que colocan a Costa Rica a la vanguardia de América Latina en estos temas.
El servicio doméstico es uno de los sectores sociales más vulnerables del país con un tamaño aproximado de 170.000 personas ocupadas, de las cuales más del 90% son mujeres con bajos niveles de escolaridad, alta incidencia en pobreza, salarios por debajo del mínimo y de las cuales casi la mitad trabaja en jornadas de tiempo parcial.
El bajo aseguramiento directo es también otro rasgo importante que añade a este sector condiciones de vulnerabilidad en el presente y en el futuro.
Mayor protección. En el 2013, el compromiso adquirido por el país al ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a favor del trabajo decente fue adoptar una serie de medidas orientadas a garantizar el disfrute pleno de los derechos laborales de estas trabajadoras, entre ellos la universalización del acceso a la seguridad social.
Para avanzar en esta dirección, era necesario introducir cambios en los esquemas de aseguramiento en vigor para este sector. Se requería flexibilizar ciertas condiciones con el fin de incentivar a los patronos a asegurar a sus empleadas, especialmente aquellas trabajadoras de tiempo parcial, como lo han hecho otros países de América Latina entre los que destaca Uruguay.
El desafío principal era introducir cambios salvaguardando los principios fundamentales que rigen el sistema de seguridad social costarricense en términos de equidad en el acceso, universalidad en la cobertura y sostenibilidad y solidaridad en el financiamiento.
Esto es justamente lo que la Caja Costarricense de Seguro Social ha logrado en el 2016 al reducirles a los patronos que contratan trabajadoras a tiempo parcial la base mínima contributiva que se toma como referencia para cobrar cargas sociales en el seguro de salud.
En el caso del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, como dicha base contributiva no se puede reducir porque esto afectaría su sostenibilidad, se establece una tabla de opciones de subsidios a los patronos por parte del Estado a partir de la mitad de esta base, con el fin de que estos no rehúyan a sus obligaciones debido a los altos costos.
Llegar a estas soluciones no ha sido fácil. Ha implicado trabajo técnico riguroso, negociaciones y, sobre todo, altas dosis de voluntad política por parte de distintos sectores sociales e institucionales.
Con este importante logro el país demuestra una vez más que llegar a acuerdos en temas claves es posible y nos permite seguir avanzando como nación en materia de desarrollo humano aunque algunos quieran hacernos creer lo contrario.
La autora es subdirectora del Programa Estado de la Nación.