El ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos implicará una serie de exigencias y desafíos, entre ellas el acatamiento de la política ambiental de la organización, así como de las decisiones y recomendaciones emitidas por su consejo.
El texto básico y central de la política ambiental de la OCDE se denomina Perspectiva Ambiental para el año 2030, el cual se sustenta en tres pilares. El primero toma en consideración que las decisiones y medidas que se ejecuten hoy afectarán el medio ambiente del mañana. El segundo reafirma la relevancia de los principales problemas ambientales a escala global, entre ellos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, el deterioro de ecosistemas y la contaminación de aguas y aire. El tercero resalta la importancia que reviste la asistencia y cooperación a los distintos tomadores de decisiones en la materia.
Las recomendaciones específicas de la Perspectiva Ambiental para el 2030 incluyen la puesta en marcha de acciones tales como: poner precio a las conductas antiambientales, que se desean desincentivar; eliminar los subsidios dañinos al medioambiente; promover el uso de regulaciones y estándares; apoyar la investigación y desarrollo y uso de ecoetiquetado, así como fortalecer la coordinación interinstitucional de los ministerios de Ambiente respecto a otros ministerios e instituciones públicas, en el entendido de que, sin esta coordinación y apoyo, se dificulta alcanzar los objetivos y metas.
El programa ambiental de la OCDE tiene por finalidad asegurar un crecimiento económico global que sea ambientalmente sostenible y socialmente justo. Esta estrategia ha sido denominada por la organización como crecimiento verde, y comprende aspectos de economía ambiental, integración de políticas públicas, análisis de variables de la globalización e implementación y rendición de cuentas.
La Declaración sobre Crecimiento Verde de la OCDE está basada en la premisa de que ambiente y crecimiento son conceptos compatibles, e incluye una política marco para el crecimiento verde, un modelo para su medición y un conjunto de políticas que sus miembros pueden utilizar para lograr equilibrar la eficiencia económica, la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Los desafíos principales que aborda la estrategia son reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación, mantener la biodiversidad, minimizar los residuos, así como aumentar la eficiencia en el uso de recursos naturales y materias primas.
Por su parte, las políticas de crecimiento verde incluyen un marco de mediciones del crecimiento económico, social y ambiental; reestructuración industrial hacia tecnologías verdes; impulso a empleos verdes y la equidad social.
(*)El autor es coordinador de la Maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica